Inicia rescate de terrenos

Realiza FGE diligencia para restituir los predios invadidos del ejido Calderitas, en OPB.

Por Jared García
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició el proceso de restitución de terrenos invadidos pertenecientes al ejido Calderitas, ubicados a un costado del asentamiento Mártires Antorchistas, en dirección al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 11, mediante una diligencia ordenada por una jueza del sistema penal oral y encabezada por personal de la Fiscalía especializada en Delitos Patrimoniales y elementos de la Policía Ministerial, con el acompañamiento de ejidatarios.


Durante la intervención se realizaron recorridos, trabajos topográficos y levantamientos de imágenes con drones para delimitar la superficie ocupada y documentar las condiciones actuales del predio, incluida la zona que permanece en breña.


Ezequiel Seba Toto, comisario ejidal, explicó que, aunque ya comenzaron las diligencias para recuperar el patrimonio agrario, los integrantes del núcleo ejidal consideran necesario que el procedimiento avance hasta garantizar la devolución efectiva de las tierras, pues la resolución judicial no contempló el desalojo de quienes ocupan los terrenos, pese a que la propia FGE había solicitado esa medida.


Ante esta situación, mencionó que el próximo 22 de noviembre la determinación será presentada ante la asamblea ejidal, donde se definirán los acuerdos y las acciones que emprenderán para defender la propiedad colectiva.


En cuanto a las condiciones de ocupación, los parcelarios observaron que buena parte de los espacios lotificados carece de viviendas habitadas.


En algunos puntos únicamente hay estructuras provisionales cubiertas con lonas, cercos improvisados y letreros con referencias a determinadas familias, sin construcciones consolidadas.


Además, indicaron que varias de las personas que acudieron a la diligencia ministerial se retiraron poco después de recibir la notificación, circunstancia que, a su consideración, refuerza la necesidad de investigar quiénes promueven la ocupación y comercialización irregular de los terrenos.


El comisariado ejidal sostuvo que la prioridad es recuperar la superficie y proteger el patrimonio de las familias que integran el núcleo agrario, por lo que insistió en que las autoridades deben dar continuidad a las actuaciones ministeriales, ambientales y judiciales para evitar nuevas ocupaciones.


Los ejidatarios estiman que alrededor de 700 familias están relacionadas con la defensa de estas tierras y anticiparon que, durante la próxima asamblea, analizarán medidas de presión para exigir una respuesta institucional y una solución que permita recuperar el control del predio sin recurrir a confrontaciones.

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