Fortalecen atención al campo con 18 Centros Agrarios en Quintana Roo
Los espacios brindan servicios a 284 núcleos agrarios y más de 37 mil ejidatarios; prevén abrir un centro más antes de concluir 2026.
Por Jared García > Quequi
Chetumal. Quintana Roo consolidó, en apenas un año, 18 Centros de Atención Agraria, como parte de la estrategia nacional de la Procuraduría Agraria (PA) para acercar sus servicios a la población rural. La meta es alcanzar 19 centros en funcionamiento antes de concluir 2026.
La visitadora especial 2 de la Secretaría Técnica de la PPA, María Natividad Díaz, destacó que estos espacios forman parte de la nueva política agraria impulsada por el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, orientada al rescate, la defensa y la revalorización de los ejidos y las comunidades agrarias del país.
Por su parte, la representante de la oficina de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo, Linda Saraí Cobos Castro, señaló que los Centros de Atención Agraria representan uno de los principales esfuerzos para acercar los servicios institucionales a la población del campo.
Explicó que esta estrategia busca fortalecer la presencia del Gobierno de México en el territorio y colocar a los ejidos y comunidades agrarias en el centro de las acciones públicas, reconociendo su importancia para el desarrollo nacional.
Añadió que uno de los objetivos de esta política es revalorizar el territorio de los núcleos agrarios y reconocer la contribución que realizan a través de la producción de alimentos y otros bienes que abastecen a las ciudades.
Los 18 Centros de Atención Agraria ya operan en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco, Bacalar, Lázaro Cárdenas y Tulum, donde se concentra la mayor cantidad de núcleos agrarios de Quintana Roo.
Actualmente, estos centros brindan atención a 284 núcleos agrarios y benefician a más de 37 mil ejidatarias y ejidatarios.
Además de acercar los servicios de la Procuraduría Agraria, funcionan como un enlace para facilitar trámites y gestiones ante otras dependencias gubernamentales, lo que reduce tiempos de traslado y costos para las familias de las comunidades rurales.
