Detienen a fiscal de la FGE por presunta trata de personas en Cancún
El Ministerio Público habría utilizado su cargo para operar un esquema de prostitución ajena y explotación sexual; dos mujeres fueron rescatadas durante cateos en Benito Juárez.
Por Ramón Uresti > Quequi
Cancún. Un agente del Ministerio Público adscrito al área de trata de personas de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue detenido por su probable participación en los delitos de trata de personas, en las modalidades de prostitución ajena y explotación sexual, informó el fiscal general, Raciel López Salazar, durante la conferencia de la Mesa de Seguridad.
El funcionario detenido fue identificado como Ulises Fernando, de 30 años, quien presuntamente habría aprovechado su cargo dentro de la institución para operar un esquema de explotación sexual en el que estarían involucradas dos mujeres de 18 y 25 años.
López Salazar explicó que, como parte de las investigaciones, el pasado 2 de octubre se realizaron dos cateos en inmuebles del municipio de Benito Juárez: uno en el departamento Toronto, ubicado en la Supermanzana 23, y otro en la Supermanzana 520.
Durante las diligencias, efectuadas por agentes de la Policía de Investigación en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, fueron rescatadas las dos mujeres, consideradas víctimas de trata de personas. En ambos inmuebles también se localizaron indicios relacionados con los hechos, por lo que quedaron asegurados.
De acuerdo con las indagatorias presentadas por la Fiscalía, Ulises Fernando presuntamente ofrecía los servicios sexuales de las mujeres mediante plataformas digitales y al menos 11 grupos de WhatsApp, en los que se compartían fotografías para promocionar encuentros que se realizaban en los inmuebles intervenidos.
El fiscal general señaló que el detenido presuntamente obligaba a las víctimas a prostituirse, les imponía multas y les cobraba por el uso de los lugares donde se llevaban a cabo los encuentros sexuales. Además, habría utilizado su posición y supuestos vínculos con otros elementos de la Fiscalía para brindarles protección a cambio del 50 por ciento de las ganancias.
Según la información expuesta, también les indicaba a las mujeres cómo realizar depósitos en tiendas de conveniencia, presuntamente para evitar ser detectado por las autoridades.
Depuración dentro de la Fiscalía
Durante su intervención, Raciel López Salazar afirmó que, desde su llegada a la institución, se ha impulsado una política de depuración y rendición de cuentas para combatir las irregularidades entre los servidores públicos.
Detalló que, como parte de estas acciones, 657 personas han sido dadas de baja y otras mil 512 han sido cambiadas de adscripción, de acuerdo con sus perfiles.
El fiscal sostuvo que no se permitirá que ningún servidor público, independientemente del cargo que ocupe, incurra en conductas delictivas dentro de la institución. Añadió que las investigaciones y los procedimientos contra elementos presuntamente involucrados en delitos forman parte de un proceso permanente de saneamiento institucional.
El caso del agente del Ministerio Público detenido se suma a las acciones emprendidas para investigar a funcionarios que presuntamente utilizan sus cargos para cometer delitos.
La responsabilidad penal del detenido deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente, por lo que se mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
