Preocupan los criterios sobre símbolos mayas
Vacío legal pone en riesgo inversiones y miles de empleos.
Por Blanca Silva > Quequi
Cancún. El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe expresó su “profunda preocupación” ante los recientes criterios derivados de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al uso de símbolos de la cultura maya, al considerar que generan un precedente que pone en riesgo la operación de miles de empresas en la región.
Ello, debido a la posibilidad de sancionar o incluso clausurar establecimientos por el simple uso de elementos culturales mayas, sin que existan reglas claras, lineamientos definidos ni certeza sobre quién tiene la facultad legítima para autorizar su uso.
Tras señalar que como sector empresarial no están en contra de la protección de la cultura maya, pues han sido aliados en su promoción, difusión y la generación de beneficios económicos para las comunidades, consideró necesario establecer lineamientos claros, procesos transparentes y definiciones precisas sobre las figuras de representación legítima, que permitan proteger el patrimonio cultural sin poner en riesgo la inversión, el empleo y la estabilidad económica de la región.
Además, urgió trabajar en la elaboración y publicación del Reglamento de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, ya que su ausencia genera un estado de indefensión, en cuya construcción pidió participar activamente, al tiempo que hizo un llamado urgente a las autoridades para revisar este criterio y abrir un diálogo incluyente que permita construir soluciones viables.
“Lo que hoy ocurre no es un caso aislado. Este escenario impacta directamente a destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde la cultura maya no sólo es parte de la identidad regional, sino un componente esencial de la oferta turística y del sustento económico de miles de familias”, agregó.
“Pero además, este precedente no se limita únicamente a la cultura maya. Hoy impacta directamente a una de las raíces más importantes de nuestra identidad regional; sin embargo, de mantenerse este criterio, mañana podría extenderse a cualquier otra expresión cultural que forma parte de lo que nos define como país. La falta de claridad en su aplicación pone en riesgo no sólo a un sector o a una región, sino a la forma en que México entiende, protege y proyecta su propia identidad cultural”.
Apuntó que casos como el de Grupo Xcaret, evidencian la gravedad del problema, pues pese a haber celebrado acuerdos con instancias reconocidas en el marco legal, hoy se enfrentan a resoluciones que desconocen dichos esfuerzos y generan un estado de indefensión jurídica.
Enfatizó que el riesgo es claro, pues bajo este precedente, cualquier empresa desde grandes desarrollos turísticos hasta pequeños comercios podría ser objeto de denuncias, sanciones o clausuras, abriendo la puerta a la discrecionalidad, la incertidumbre e incluso posibles actos de abuso.
En este contexto, consideró fundamental subrayar una postura clara y responsable del sector empresarial: reconocemos y respaldamos plenamente la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como un avance necesario y positivo, luego de que durante años existieran abusos en el uso de la identidad y del patrimonio de estas comunidades, por lo que contar con un marco legal que los proteja es algo que apoyan.
Sin embargo, advierte que proteger no puede significar generar ambigüedad ni incertidumbre jurídica, ya que la correcta aplicación de esta ley debe sustentarse en reglas claras, criterios uniformes y mecanismos bien definidos que otorguen certeza a las comunidades y a quienes participan en la actividad económica.
