Piden cambio de magistrado sin imposición
Por Mayra Cervera › Quequi
El presidente del Colegio de Abogados de Chetumal, Héctor Pérez Rivero, consideró que la presidencia del Poder Judicial del Estado debe de desempeñarse con honestidad y quien a partir del 8 de agosto ocupe dicho cargo debe llegar sin imposiciones. El abogado se refirió a la renovación de la Presidencia del Poder Judicial, que se realizará a través de una elección con voto libre y secreto el 8 de agosto en sesión pública de pleno, con la participación de los 12 magistrados locales.
Quien dijo que a pesar de que los once magistrados por ley son elegibles para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, ninguno de ellos cumple con el perfil, ya que la mayoría son recomendados por algunos grupos de poder político.
“Los compromisos políticos con los que llegan los magistrados y los presidentes del Poder Judicial ha corrompido la impartición de justicia desde los más altos niveles, y aunque es un mal de todos los tribunales, en Chetumal vemos mucha simulación y muchas veces los juicios se resuelven a través de llamadas telefónicas de funcionarios y autoridades de alto nivel hacia los magistrados y jueces”, denunció el abogado. A la posibilidad de que sea una mujer la que llegue a presidir el pleno judicial, aclaró que no se trata de un tema de género, sino de capacidades.
Al insistir en que la llegada por recomendación política de los presidentes del Poder Judicial deriva en corrupción, se refirió en específico a la gestión de Fidel Villanueva Rivero.
Pérez Rivero, señaló que la carga de trabajo en cada uno de los juzgados es grave, debido a que el personal con que cuentan no se da abasto, al existir solo dos actuarios que deben realizar las diligencias y notificaciones de todos los juicios.
Además a este personal no se le otorga certidumbre laboral, al ser contratados por periodos cortos y con sueldos bajos, y deben trabajar sin recursos como los vehículos y el combustible para asistir a sus diligencias. Finalmente solicitó a las autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo tomar en cuenta a las nuevas generaciones de profesionales en Derecho, que según dijo están más preparados que muchos de los actuales magistrados.
