El nuevo Visitax
El Visitax que se pretende implantar generará fricción en toda la cadena turística mientras el Estado deja sin recaudar miles de millones en alojamiento informal.
Opinión por Jordi Sastre
Cancún, Quintana Roo 01 de Diciembre de 2025.– La nueva propuesta del Gobierno de Quintana Roo para redefinir e implantar un Visitax ampliado y obligatorio ha generado fuerte preocupación entre empresarios, asociaciones turísticas y especialistas en competitividad. El nuevo esquema contempla no solo el cobro directo al turista, sino también su aplicación a través de restaurantes, agencias de viajes, empresas de transportación turística, operadores de transfers y otros intermediarios del sector, lo que representa una expansión sin precedentes del impuesto y una carga adicional que amenaza con distorsionar gravemente la operación cotidiana de la industria.
Este nuevo diseño plantea que cualquier establecimiento o empresa que preste servicios al visitante deberá verificar, registrar e incluso cobrar o comprobar el pago del Visitax, creando un entramado administrativo complejo y poco claro. Restaurantes, agencias y transportistas —que nunca han funcionado como recaudadores fiscales directos del impuesto turístico— se verían obligados a solicitar comprobantes, integrar sistemas de verificación y asumir un rol ajeno a su actividad principal. Esto, según especialistas, podría generar confusiones, retrasos operativos, conflictos con clientes e incluso fricciones innecesarias en momentos clave de la experiencia del visitante.
Mientras se apuesta por un mecanismo difícil de aplicar, se deja sin resolver el verdadero problema estructural de recaudación: la irregularidad masiva en los alquileres vacacionales de corta estancia. Este mercado, que ya supera en número de unidades a la hotelería tradicional, opera en gran medida sin licencias, sin registro oficial y sin contribuciones fiscales proporcionadas a su volumen de actividad. La falta de fiscalización efectiva ha permitido que miles de propiedades actúen al margen del marco regulatorio, generando una competencia desleal y al mismo tiempo privando al Estado de ingresos millonarios que podrían ser captados de manera estable, transparente y sin afectar la experiencia del turista.
La contradicción es evidente. Mientras se exige al turista pagar un impuesto adicional y se obliga a la cadena de servicios turísticos a convertirse en inspectores involuntarios del Visitax, el gobierno evita enfrentar el reto de regular el segmento que verdaderamente concentra el potencial recaudatorio. El visitante termina cargando con el costo de un esquema que no resuelve el fondo del problema, al tiempo que restaurantes, agencias, transportistas y prestadores de servicios se ven forzados a asumir responsabilidades administrativas para las que no están preparados ni deberían estarlo.
Expertos del sector consideran que este nuevo Visitax es una medida improvisada y mal dirigida. En lugar de fortalecer la competitividad del destino, lo pone en riesgo al introducir fricciones en la experiencia del viajero y al imponer obligaciones complejas a empresas que ya enfrentan un entorno de alta competencia internacional. Una estrategia de recaudación eficaz debería enfocarse, afirman, en la formalización integral del alojamiento turístico de corta estancia mediante un registro universal, inspecciones adecuadas y coordinación tecnológica con plataformas digitales. Esta vía permitiría obtener ingresos significativamente superiores a los del Visitax, sin afectar negativamente la imagen de Quintana Roo.
La conclusión es clara: el nuevo Visitax no es la solución. Al expandirse hacia restaurantes, agencias, transportistas y otros prestadores, compromete la operatividad del sector, irrita al visitante y continúa dejando intacto el problema estructural de la informalidad en el alojamiento vacacional. Si Quintana Roo aspira a fortalecer sus finanzas públicas y su competitividad, debe mirar hacia donde realmente se encuentra el potencial recaudatorio y no sobrecargar a quienes mantienen al destino en funcionamiento.
