Demócratas piden investigar contratos por 7 mil mdd para obras fronterizas en Texas
Washington, 16 de noviembre de 2026. Un grupo de 23 congresistas demócratas solicitó al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) investigar la adjudicación de cinco contratos por casi 7 mil 500 millones de dólares para proyectos de infraestructura fronteriza en la región de Big Bend, al oeste de Texas.
La petición fue encabezada por la congresista Verónica Escobar y plantea revisar si hubo posibles influencias políticas en la selección de las empresas constructoras, así como si los procedimientos de contratación cumplieron con las normas federales y si el gasto responde a una necesidad de seguridad fronteriza.
En la carta dirigida al inspector general Joseph Cuffari, los legisladores señalaron principalmente a Barnard Construction y Fisher Sand & Gravel, compañías que obtuvieron cuatro de los cinco contratos. La primera recibió dos adjudicaciones por mil millones y 960.4 millones de dólares, mientras que la segunda obtuvo proyectos por mil 200 y 2 mil 600 millones de dólares. El quinto contrato, por mil 700 millones, fue asignado a Southwest Valley Constructors.
Entre los señalamientos, los congresistas mencionaron que Tim Barnard, presidente de Barnard Construction, y su esposa aportaron alrededor de un millón de dólares a un comité de recaudación de fondos de Donald Trump durante el ciclo electoral de 2024.
También hicieron referencia a los vínculos de Fisher Sand & Gravel con el entorno político del mandatario. Según la carta, la empresa pagó hasta 186 mil dólares a una firma de consultoría relacionada anteriormente con Tom Homan, actual responsable de la política fronteriza de la administración Trump.
Los legisladores también cuestionaron la justificación para ampliar la infraestructura en Big Bend, una zona que, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza citados en el documento, concentró menos del uno por ciento de las detenciones de migrantes en la frontera sur durante el periodo de cinco años utilizado por el DHS para sustentar las medidas.
La construcción ha generado además inconformidad entre organizaciones ambientalistas, propietarios de terrenos y residentes, debido a sus posibles efectos en áreas naturales protegidas, especies animales y sitios arqueológicos de la región.
Los congresistas pidieron que la investigación determine si existieron irregularidades en las adjudicaciones, si se justificó el uso de excepciones a distintas leyes federales y si los recursos públicos fueron destinados conforme al interés público. Solicitaron una respuesta sobre el inicio y calendario de la revisión antes del 27 de noviembre.
Hasta el momento, la petición constituye una solicitud de investigación y no una determinación oficial de que las empresas o funcionarios hayan cometido irregularidades.





