Amenazan de muerte a Catalina Portillo por caso de despojos de tierras en Tulum; ya los identificaron

CHETUMAL, MX.- Tras considerar que es derivado de las denuncias que han interpuesto ante la Fiscalía General del Estado por irregularidades cometidas por funcionarios de la anterior administración, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, confirmó que ha recibido amenazas de muerte, por lo que ha solicitado se le asignen elementos de seguridad para resguardar su integridad física.

Aclaró que no ha presentado de manera oficial una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero ha hecho del conocimiento del gobernador Carlos Joaquín González y del secretario de Gobierno, Francisco López Mena, estas amenazas, así como también a la Secretaría de Gobernación.

Están plenamente identificadas las personas que amenazaron de muerte a la secretaria del Trabajo y Previsión Social (Styps), Catalina Portillo Navarro, quien señaló que las intimidaciones han sido de manera personal y están presuntamente vinculadas con la ejecución de dos litigantes que defendieron a empresarios de Tulum despojados de sus predios, a partir de juicios laborales apócrifos.

La funcionaria dio a conocer que el mismo día de los ataques a las oficinas de la Vicefiscalía General en Cancún, una camioneta fue detectada con varios sujetos, tratando de localizarla en la sede de la Secretaría del Trabajo en el mismo polo turístico. Ese vehículo, de acuerdo con la funcionaria, días después del suceso apareció durante un accidente en el estado de Morelos, y misteriosamente nunca se dio a conocer el nombre de quien lo manejaba ni de sus acompa- ñantes, a pesar de que la información del percance está en la plataforma de información de Seguridad Pública Nacional.

Catalina Portillo explicó que las advertencias de represalias en su contra son constantes e iniciaron 15 días después de tomar el cargo y luego de interponer al menos cinco denuncias por estas actividades ilícitas, que afectaron a inversionistas en la zona de Punta Piedra, en Tulum.

Dijo que textualmente le han advertido que: “No meta la nariz donde no le importa porque se la va a llevar la chin…”. “Me reservo los nombres, pero sí están identificadas algunas personas; participan abogados externos de estos juicios falsos, y aunque hay otras personas involucradas, todavía no sabemos de quién se trata en particular”, dijo la actual titular de la STyPS.

La secretaria no ha interpuesto ninguna denuncia al considerar que no tienen ninguna prueba contundente para involucrar a alguna persona, aunque se trabaja para poder demostrar que las amenazas son reales y actuar en consecuencia. Aunque teme por su vida, la funcionaria aseguró que no va a renunciar al cargo, y cumplirá la instrucción del gobernador Carlos Joaquín de no permitir que queden impunes los delitos que se cometieron desde la dependencia que representa.

¿Cree que sean reales esas amenazas?, se le cuestionó. “¿Qué debemos pensar de esas amenazas cuando durante el ataque a la Vicefiscalía en Cancún, una camioneta con gente sospechosa fue a buscarme a Plaza Vilas, donde tengo mi oficina en esa ciudad, y luego aparece involucrada en un accidente en Cuernavaca, Morelos, pero no se tiene registro del propietario, ni de quién la utilizó?”, respondió Portillo Navarro.

Consideró que las personas que la han amenazado están posiblemente involucradas con la ejecución de al menos dos abogados que representaron a gente que perdió sus tierras en Tulum. Entre ellos, Álvaro López Joers, representante de al menos 40 pequeños propietarios de terrenos en la zona de Punta Piedra, quien fue ejecutado en mayo de 2012 de dos balazos en su oficina ubicada en la cabecera municipal de Tulum.

Sobre los juicios que se mantienen contra los expedientes laborales falsos, se rehusó a proporcionar datos concretos, argumentando la secrecía de la investigación y posibles violaciones al debido proceso. Sin embargo, adelantó que se ha comprobado la participación de secretarios de acuerdos y actuarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen y Cancún.

Esos malos funcionarios utilizaron sus facultades como fedatarios públicos, y ejecutaron los actos ordenados en los ilegales laudos condenatorios. Además, se ha comprobado, a través del Registro Federal de Electores, la utilización de nombres falsos para supuestos ex trabajadores que no existen.

Desde la información del INE se corroboró que algunas personas que no tienen credencial de elector cobraron cheques o se les adjudicaron bienes, predios o inmuebles, que luego remataron, que adquirieron los ahora supuestos propietarios de los lotes despojados, informó la Secretaria Portillo Navarro.

(Con información de Noticaribe y Luces del Siglo)