Inhabilitan un año a Martín Borrego por utilizar el MUNAL para celebrar su boda
Ciudad de México, 16 de noviembre de 2026. Martín Borrego Llorente, exjefe de Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la gestión de Alicia Bárcena, fue inhabilitado por un año para ocupar cargos en el servicio público, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determinara que utilizó su posición para gestionar un espacio del Museo Nacional de Arte (MUNAL) con el argumento de realizar un acto oficial, cuando en realidad fue destinado a una celebración personal.
De acuerdo con la dependencia federal, en 2024 Borrego solicitó autorización para utilizar el Salón de Recepciones del recinto cultural bajo el argumento de organizar un evento institucional. Sin embargo, el espacio fue utilizado para celebrar su boda con Ionut Vâlcu, funcionario de la Embajada de Rumania en México.
La recepción se realizó el 4 de octubre de 2024 y reunió a alrededor de 70 invitados, entre ellos la entonces canciller Alicia Bárcena. El festejo se presentó inicialmente como una actividad relacionada con el 89 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Rumania.
El caso salió a la luz en diciembre de 2024, tras una publicación periodística que reveló el uso del recinto cultural para la celebración. Posteriormente, la Cancillería informó que su Órgano Interno de Control investigaría el posible uso indebido de espacios públicos.
Tras la polémica, Borrego dejó su cargo como coordinador de Contacto con la Ciudadanía de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En su momento, reconoció que fue impropio gestionar el espacio mediante un correo institucional y aseguró que los gastos del evento fueron cubiertos con recursos personales.
Por su parte, Bárcena se deslindó de la autorización del festejo y señaló que no había sido informada de la solicitud realizada por su entonces jefe de Oficina.
La inhabilitación fue anunciada como parte de un paquete de sanciones de la Secretaría Anticorrupción contra 82 personas servidoras públicas, un particular y una empresa. Las medidas incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas que en conjunto ascienden a 175 millones de pesos.
La dependencia precisó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones.





