Esperan resolución del TUA
Ejidatarios de Juan Sarabia exigen transparencia financiera pese a amenazas de expulsión.
Por Jared García
Ejidatarios disidentes del núcleo agrario de Juan Sarabia esperarán la resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA) distrito 44 con sede en Chetumal, en torno a la solicitud de transparencia financiera presentada ante esa autoridad agraria, pese a las amenazas de expulsión que, aseguran, han recibido por parte de la directiva ejidal.
Los representantes del grupo inconforme, Salomón Cota Marcial, Raymundo Zavala Peña, Francisco de la Cruz y Baltazar Ceja Ruiz, señalaron que el asunto se encuentra bajo conocimiento del TUA y subrayaron que la determinación que emita esa instancia deberá respetarse conforme al marco legal vigente.
Destacaron que el TUA es el órgano competente para resolver controversias relacionadas con la organización y administración de los ejidos, por lo que insistieron en que la vía institucional es la única que puede definir el conflicto.
Los ejidatarios acusaron a la directiva encabezada por Leonel Cantú Galindo de utilizar asambleas informativas para descalificarlos públicamente y promover su salida del núcleo agrario.
Afirmaron que no responderán a las provocaciones y que continuarán el procedimiento ante las autoridades correspondientes, donde ya han presentado denuncias relacionadas con presuntas irregularidades financieras, nepotismo y falta de claridad en el reparto de utilidades provenientes del banco de materiales pétreos utilizado en las obras del Tren Maya.
Salomón Cota Marcial sostuvo que las decisiones de una mayoría no pueden sustituir las disposiciones de la ley ni los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese sentido, afirmó que la legalidad del procedimiento seguido ante el TUA debe prevalecer sobre cualquier acuerdo adoptado fuera de los cauces institucionales.
Los inconformes también recordaron antecedentes de presuntos desfalcos detectados en administraciones anteriores.
Indicaron que una auditoría estatal realizada durante las gestiones de Reyes Haro Rodríguez y Joaquín Haro documentó un faltante de un millón 214 mil pesos, caso que derivó en un proceso penal contra Joaquín Haro por hechos relacionados con la trituradora ejidal.
Raymundo Zavala Peña añadió que el grupo ha denunciado otras irregularidades, entre ellas la intención de que el ejido cubriera en efectivo las indemnizaciones por tierras afectadas por el Tren Maya durante la administración de Marcos Jiménez Potenciano.
Explicó que, tras solicitar la intervención de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) realizó pagos mediante cheques nominativos a cada ejidatario.
Además, señalaron que mantienen una demanda relacionada con el presunto nepotismo derivado de la designación de Lauro Cantú Galindo como sucesor de la dirigencia ejidal, asunto que también se encuentra sujeto a revisión por las autoridades agrarias.
