Caen por fraude inmobiliario
Detiene FGE a Luis Ernesto H.G. y Cristopher Mahanaim R.Y., de una Recuperadora Bancaria.
Por Alejandro García
Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), cumplimentaron ayer dos órdenes de aprehensión en contra de Luis Ernesto H.G. y Cristopher Mahanaim R.Y., por el presunto delito de fraude relacionado con la venta de viviendas con derechos litigiosos a través de una recuperadora bancaria.
En este caso presuntamente estarían implicados Ernesto Reyes Hernández (dueño de la empresa Vas por Más), su esposa Jennifer Thomas Salgado y el hermano de ésta, Christian Thomas Salgado, quien funge como apoderado legal.
Se informó que los ahora detenidos, además de Ernesto Reyes Hernández, cuentan con 22 carpetas de investigación por el mencionado delito, de las cuales podrían derivarse otras órdenes de aprehensión.
Tras su detención se está a la espera de que el juez de Control señale fecha y hora para la audiencia de formulación de imputación y en todo caso la vinculación a proceso.
La conducta ilícita que realizaron los imputados se derivó de que los denunciantes -de identidad reservada- señalaron que los presuntos defraudadores se encargaban de concretar citas para mostrarles los inmuebles que se ubican en distintos lugares de Cancún, sin poder ingresar a los domicilios que les ofrecían.
Posteriormente, las víctimas eran citadas en diferentes notarias (02, 95, 96 y 123) en Cancún, primero para firmar un contrato de prestación de servicios profesionales de mediación inmobiliaria y legales, pero posteriormente los citaban en una notaría diferente para firmar un contrato de derechos litigiosos.
Ya en presencia del notario público y el apoderado legal de la recuperadora bancaria, se comprometían a entregar de forma legal el inmueble en un plazo de seis meses, así como realizar el trámite del inscripción ante el Registro Público de la Propiedad (RPP).
Sin embargo, al recurrir al RPP les informaban que no existía ningún registro a nombre de las 22 víctimas y que las propiedades estaban a nombre de otras personas.
Lo anterior, causando un detrimento patrimonial por un monto aproximado de 12 millones de pesos.
Varias familias víctimas de la estafa fueron engañadas e incluso obligadas a firmar contratos de confidencialidad para evitar que denunciaran públicamente las irregularidades cometidas por la recuperadora bancaria, después de recibir el dinero correspondiente a la compra-venta de los inmuebles; en otros casos, también las obligaron a firmar pagarés.
