AMLO anunció un plan de protección a candidatos en regiones controladas por el crimen organizado: “Que sean los ciudadanos los que elijan”

“El presidente ha llamado un partido que intenta competir, que es el partido del crimen”, señaló la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que el Gobierno de México impulsará un plan para brindar protección a las y los candidatos amenazados por el crimen organizado o la delincuencia de cuello blanco durante las jornadas electorales.

“Que no los amenacen que no los agredan, intimiden, obliguen a declinar por amenazas o intereses; por todo esto que se presenta en tiempos electorales (…) Que se garantice la libertad de todos y sean los ciudadanos que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco.”, puntualizó.

La secretaria de Seguridad y Protección y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, mencionó que la Estrategia de Protección en Contexto Electoral se coordinará junto a las y los gobernadores de estado; en tanto, el mandatario mexicano recomendó incluir la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco (…) Esto nos ha llevado a lo que el señor presidente ha llamado un partido que intenta competir, que es el partido del crimen. (…) Por eso se hizo necesario prever los riesgos rumbo a la próxima elección.”, mencionó la secretaria.Foto: Presidencia de México

La estrategia consiste, primeramente, en hacer un llamado a los partidos políticos y autoridades electorales para supervisar que los y las aspirantes cumplan con los requisitos de ley para la postulación, de tal manera que se prevenga la candidatura de quienes guarden vínculos con grupos delictivos.

Para ello, se llevarán a cabo mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los partidos políticos, las Fiscalías estatales y las autoridades locales en donde se determinarán alertas que ayuden a detectar a futuros postulantes con estas características.

Posteriormente, se solicitará a las y los gobernadores la aplicación de este plan dentro de sus entidades con mayor énfasis a las personas que ya fueron amenazadas, a quienes se les brindará atención, previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección.(Foto: SSPC)

También se incrementarán los elementos de las Fuerzas de Seguridad para las entidades federativas y los municipios de alto riesgo; se prestará mayor atención a candidatos a presidentes municipales, especialmente, en zonas con influencia del crimen organizado.

“Sabemos que el nivel de gobierno más vulnerable es el municipal, más aún cuando están en zona de influencia del crimen organizado o de cuello blanco. Por ello, es necesario actuar con una guía clara.”, precisó Rosa Icela.

A raíz del diálogo con estas dependencias y figuras de autoridad, se instaurarán protocolos territoriales especializados con base en el nivel de violencia política, incidencia delictiva y de riesgos para el proceso electoral en cada región.(Foto: Jair Cabrera Torres/dpa)

La funcionaria aclaró que el avance de estrategia se analizará de manera semanal para luego presentar un informe en el gabinete, de tal forma que se vayan identificando las zonas que requieran más apoyo para las y los candidatos.

“No permitiremos que ellos – delincuencia organizada y de cuello blanco – decidan o amenacen. Haremos todo lo necesario para proteger a todos los aspirantes en este proceso electoral para que quien decida sea el pueblo; la ciudadanía.”, aseveró.

De acuerdo con datos proporcionados por la SSPC, de septiembre del 2020 a febrero del 2021 se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidios. Para el proceso electoral 2021, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reportó al menos 15 incidentes de violencia política: 11 homicidios, 2 agresiones, 1 secuestro y 1 extorsión.

Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Morelos, Baja California y Jalisco son las entidades con mayor violencia política. Por su lado, en Morelos, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe mayor posibilidad que aspirantes sean cooptados por el crimen organizado.