Una cruel matanza
Por Luis Roel > Quequi
Con veneno para hormigones fue como dieron muerte a 22 los perros que permanecían recluidos en el Centro de Control Animal (CCA), el mismo químico administrado a los nueve canes que fallecieron un día antes en las calles de la colonia San Miguel I, lo que no sólo confirma que estos últimos también fueron víctimas del personal del Ayuntamiento, sino que además se violentó abiertamente la Ley de Protección y Bienestar Animal.
Trabajadores del CCA confiaron a este medio que los cánidos que fueron quemados y abandonados en un predio, habían sido previamente envenenados con hormiguicida, bajo el argumento que tenían moquillo. Con esta acción y con la cuarentena impuesta a este lugar, el Municipio quedó en los hechos sin perreras ni animales que alimentar.
El método empleado violenta varias disposiciones de la ley en la materia y se configura como delito, al ser actos de crueldad que pueden ser denunciados o seguidos de oficio.
El artículo 15 de la ley citada señala que los Municipios tienen la facultad de sacrificar animales, pero de forma humanitaria, bajo las normatividad vigente. De acuerdo a la NOM-033-SAG/ZOO-2014, la única manera de matar fauna doméstica es con una inyección de un anestésico
Según dicta esta norma de la Sagarpa (artículo 4.1): “A ningún animal se le dará muerte por envenenamiento, drogas curariformes, paralizantes musculares, asfixia, inmersión en agua, por golpes o por cualquier otro procedimiento que les cause sufrimiento, dolor, ansiedad o que prolongue su agonía”.
Empero, no es la única violación cometida, pues el mismo Artículo 15 indica que los cadáveres y residuos biológicos peligrosos deberán ser dispuestos conforme a la normatividad, lo que tampoco ocurrió, pues los cuerpos de estos perros, supuestamente enfermos, fueron llevados infructuosamente al Relleno Municipal, antes de ser quemados burdamente con gasolina y abandonados, ya que no se cuenta con un incinerador en funcionamiento (lo que también es violatorio de la ley).
También se exige que los perros que lleguen a los Centros de Control Animal tengan alguna enfermedad infectocontagiosa (como es el moquillo), estos deberán ser “sacrificados humanitariamente de manera inmediata”, lo que no sucedió, pues el Consejo Ciudadano “Yo soy isla Cozumel” reveló ayer que varios canes enfermos fueron dados en adopción, y a estos dueños les tocó sacrificar a sus nuevas mascotas, con el gasto y estrés emocional que esto implica.
Por último, el Artículo 34 de la ley nuevamente reitera que se sancionará a quienes sean responsables de “causarles la muerte [a los animales] utilizando cualquier medio que provoque sufrimiento”, lo que significa responsabilidades penales al Ayuntamiento por la cruel matanza de 31 canes.
