
Saquearon incluso a familias
Mayra Cervera > Quequi
Durante la administración de Roberto Borge Angulo no sólo se saqueó al estado, se desviaron recursos federales y estatales y se dejó una gran deuda, sino que también se despojó a las familias de escasos recursos de sus pocas propiedades, a través de embargos que se realizaron desde la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), para cobrar adeudos de tres meses de servicio, que representan menos de mil pesos.
Gerardo Mora Vallejo, director del organismo regulador del agua, dio a conocer que se encontró una bodega con artículos domésticos, como refrigeradores, estufas, bicicletas y hasta llantas, que fueron embargados a las familias que debían tres meses de servicio.
“Nos encontramos con objetos que no tenía caso embargar por tres meses de adeudo de servicio; buscamos un programa para apoyar a las familias que realmente lo necesitan, que sabemos que no pueden pagar a veces 90 pesos, porque realmente no lo tienen, y no buscar afectar aún más su economía”, indicó.
El servicio de agua potable de una familia promedio es de alrededor de 129 pesos, ya incluido drenaje y saneamiento, misma cantidad que se le carga en su recibo al mes siguiente, si el usuario no cumple con su pago.
Un adeudo de tres meses para una familia vendría siendo alrededor de 400 pesos, lo cual el valor de sus aparatos electrodomésticos claramente rebasa el total de adeudos, y que los usuarios que deben más de 10 mil pesos de servicio, deben comprobar con copias simples que tienen propiedades que pueden cubrirlo, pero sin llegar a embargos.
Además de que las familias tenían dificultad económica para cubrir un servicio básico, los exfuncionarios al frente de la DRAEF todavía los dejan sin sus propiedades, que con esfuerzo pudieron adquirir.
Mora Vallejo señaló que el adeudo que se tiene en la DRAEF asciende a 74 millones de pesos.
Por otra parte, dio a conocer que algunas áreas no han terminado con los procedimientos de entrega-recepción; sin embargo, aseguró que se han presentado dos denuncias penales ante la Función Pública en contra de extitulares de la dependencia, Paula González Cetina y Gustavo Guerrero Ortiz, por los mil 50 millones de pesos y los 560 millones pesos que fueron desviados, respectivamente.