Remueven a delegado de la FGR tras polémico aseguramiento de 59 millones de litros
La Fiscalía aún investiga el origen y la legalidad del combustible localizado en San José de Iturbide; SIMSA sostiene que la terminal cuenta con permisos y que el hidrocarburo pertenece a otras empresas.
GUANAJUATO.— El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, fue removido de su cargo días después del polémico aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en una terminal ubicada en San José de Iturbide, operación que inicialmente fue presentada como uno de los mayores golpes al presunto huachicol en el país.
La salida del funcionario fue reportada el 23 de septiembre, mientras que fuentes de la propia FGR señalaron que el combustible asegurado no necesariamente correspondería a huachicol fiscal, pues la investigación sobre su procedencia y situación jurídica continúa abierta.
El aseguramiento fue anunciado el 17 de septiembre, un día antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato. En ese momento, autoridades estatales y federales informaron sobre el hallazgo de aproximadamente 59 millones de litros de gasolina regular, gasolina premium y diésel en instalaciones relacionadas con Grupo SIMSA.
Sin embargo, el caso comenzó a generar cuestionamientos después de que SIMSA rechazara que el combustible fuera de su propiedad y asegurara que la terminal presta servicios de almacenamiento a otras empresas. El grupo empresarial también afirmó contar con los permisos correspondientes para operar la instalación y señaló que había entregado documentación a las autoridades.
La FGR precisó posteriormente que todavía no había recibido de todas las empresas relacionadas la documentación necesaria para acreditar de manera completa el origen, manejo y destino lícito del hidrocarburo.
Ante la complejidad del caso, la fiscal general Ernestina Godoy ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajera la investigación. La dependencia informó que se analizan documentos, información empresarial y entrevistas con directivos para establecer la propiedad del combustible y su trazabilidad financiera y fiscal.
El caso también tomó un nuevo rumbo después de conocerse la remoción de Vera Ayala. De acuerdo con reportes periodísticos, su salida estaría relacionada con las inconsistencias detectadas alrededor del operativo, aunque la FGR no ha presentado públicamente una explicación detallada sobre las razones de su separación.
Además, la orden de cateo habría presentado una diferencia relevante en cuanto a las empresas involucradas: fuentes citadas por La Jornada señalaron que el mandamiento estaba dirigido contra una empresa denominada Gas del Noreste, mientras que el aseguramiento se realizó en instalaciones de Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha señalado que contar con permisos para almacenar combustible no demuestra por sí mismo la legal procedencia del producto, por lo que las empresas relacionadas deberán acreditar documentalmente su origen.
Hasta este jueves, la investigación federal continúa y no existe una determinación definitiva que establezca que los 59 millones de litros sean combustible ilegal. La FGR mantiene abiertas las diligencias para determinar su procedencia y, en su caso, si existe responsabilidad penal o fiscal.
La controversia deja así en segundo plano el anuncio inicial del llamado “megadecomiso” y coloca el foco en las investigaciones que deberán establecer qué empresas son propietarias del hidrocarburo, cuál es su origen y si se cometió algún delito.
Por Agencias
