Reducen penas para corruptos

CANCÚN
Por Mario Morales > Quequi

Los diputados de la XIV Legislatura aprobaron, como parte del “albazo” realizado en una reventada sesión en Chetumal y en dos lujosos hoteles de Cancún, una serie de reformas al Código Penal para reducir las penas por actos de corrupción, destrucción de documentos, tráfico de influencias y otros delitos cometidos por funcionarios públicos.
El Congreso del Estado realizó en junio un cuarto periodo extraordinario, detrás de vallas y fuerte vigilancia policial, para aprobar toda una serie de reformas y nombramientos, que fueron tildados como un “paquete de impunidad” por la opinión pública, al colocar a un fiscal, tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia, un auditor superior, y restarle facultades al próximo poder ejecutivo, además de otorgarle escoltas a los exgobernadores por 15 años.
También se creó un Tribunal de Justicia Administrativa y nombró a sus tres magistrados, que serían los encargados de juzgar casos de peculado u otras faltas graves por parte de funcionarios o privados. Sin embargo, esta acción hizo que la Procuraduría General de la República interpusiera un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tema que todavía está pendiente, pese a que el Congreso tuvo que “meter reversa” y derogar estas disposiciones.
Sin tocar, no obstante, fueron todas las modificaciones que se realizaron al Código Civil y que suavizan los castigos para aquellos servidores públicos que trafiquen influencias, desvíen recursos, se enriquezcan ilícitamente o, en general, vulneren el patrimonio de todos los ciudadanos.
En el dictamen de la reforma, ni siquiera se intentó justificar esta acción. En los considerandos, sólo se aluden a la armonización legal en cuanto a la presunción de culpabilidad y clases de responsabilidad penal (cosas que, en efecto son reformadas), pero sin mencionar siquiera la reducción de penas por actos de corrupción o los motivos de este proceder.
Así, el peculado pasó de tener una pena máxima de 10 años de cárcel, a tener una de cinco años. El aprovechamiento ilícito de poder pasó de 10 años a cinco años. La intimidación pasó de siete años de cárcel a tres años. La distracción de recursos públicos pasó de seis a cinco años de prisión. La administración indebida de recursos pasó de un máximo de 12 años a sólo 5 años de prisión.
Mención aparte merece la infidelidad de la custodia de documentos (su destrucción o alteración por parte de funcionarios públicos). De ser castigada con de seis meses a cinco años de prisión, fue cambiada a un delito “culposo” (sin dolo), en los que se sentencia a la cuarta parte de un delito doloso, además de aconsejarse utilizar la justicia alternativa.
Los diputados locales también aprobaron que los delitos contra la administración pública sólo podrán perseguirse por querella de la parte ofendida; es decir, ya no son de oficio.
La desobediencia también fue modificada. Antes, se penaba con seis meses hasta un año de prisión al que se rehúse a declarar ante la autoridad. Ahora, sólo se castiga con seis meses a un año de servicio comunitario (ya no cárcel) y sólo si “insista en su desobediencia después de haber sido apremiado por la autoridad judicial o apercibido por la administrativa en su caso”
Por último, se eliminó la prisión vitalicia, en el artículo 22 de la ley, por lo que sólo se puede encerrar a una persona por un máximo de 50 años.
Debido a la opacidad con que se condujo la Legislatura, votando encerrados en hoteles, con dictámenes que sólo se dieron a conocer a los diputados minutos antes de que iniciaran las sesiones, y también por la enorme polémica que causaron los nombramientos realizados, todos estos cambios hechos para minimizar la corrupción pasaron desapercibidos, hasta ahora.