Más expropiaciones para el Tren Maya
Gobierno Federal declara de utilidad pública terrenos en 4 municipios de Quintana Roo.
Por Jared García
El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación la expropiación de bienes inmuebles en cuatro municipios de Quintana Roo para el proyecto Tren Maya. una infraestructura estratégica con enorme potencial para fortalecer la conectividad y el desarrollo turístico en el sureste del país.
Entre los municipios señalados dentro de esta declaratoria se encuentran cuatro de Quintana Roo, que serán piezas fundamentales en la integración del corredor ferroviario, Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum y Felipe Carrillo Puerto.
En Benito Juárez, que alberga el principal destino turístico de México, la inclusión de predios en la expropiación ratifica su papel como punto neurálgico de tránsito y llegada de turistas nacionales y extranjeros, reforzando la conectividad con otras plazas del sureste y el occidente del país.
El municipio de Puerto Morelos, con su creciente oferta en turismo de naturaleza y buceo en el Caribe mexicano, también forma parte de esta acción oficial, lo que impulsa la estrategia de diversificación turística al vincularlo directamente con la red ferroviaria del Tren Maya.
Por su parte, Tulum, reconocido mundialmente por sus atractivos arqueológicos y sus playas de arena fina, se perfila para afianzar aún más su posición como destino de alto valor turístico mediante una mejor accesibilidad, derivada del avance físico de esta obra de infraestructura.
Finalmente, en Felipe Carrillo Puerto, municipio con profundas raíces culturales y cercanía a importantes reservas naturales, la declaración de utilidad pública de los terrenos reforzará la interconexión regional y abrirá nuevas posibilidades de desarrollo turístico sostenible a través del proyecto.
El decreto no precisa el monto de la indemnización que se pagará por cada, sino sólo las superficies, cuyo valor fue determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
Según el decreto, las personas afectadas por la medida serán notificadas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación del documento en el DOF, con el objeto de que puedan reclamar una indemnización mayor.
