Litigio por 20 hectáreas va más allá de los tigres
Por Alejandro García > Quequi
Cancún. El litigio por las 20 hectáreas ubicadas sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la zona de las sascaberas previa a la Universidad Anáhuac en Cancún, oculta un enramado legal e inmobiliario que trasciende la simple tenencia de fauna silvestre, ya que, la pugna actual no se centra en la propiedad histórica del restaurante sobre el kilómetro 7 de la Zona Hotelera, sino en el predio expropiado originalmente durante la administración estatal de Mario Villanueva Madrid en 1994, para proyectos de reforestación tras la extracción de material pétreo, declaró José Juárez Gil, mejor conocido como “Pepe Tigre”.
En entrevista exclusiva con la politóloga Odalis Gómez Millar, dijo que dichos terrenos fueron transferidos paulatinamente a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro), organismo que mantiene el control sobre la poligonal donde aún se reporta la presencia de al menos seis ejemplares de tigres sin acceso verificado de alimentación periódica.
El conflicto sobre este polígono evidencia la transformación del uso de suelo en una de las avenidas con mayor plusvalía comercial y educativa del municipio de Benito Juárez. Históricamente, las expropiaciones estatales destinadas a la recuperación ambiental mediante figuras de reforestación terminaron integradas al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, abriendo la puerta a cambios de régimen de propiedad y subsecuentes enajenaciones a instituciones privadas e inversionistas.
A la par, la tramitación del permiso de Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) ante las autoridades ambientales federales quedó supeditada a la acreditación de la legal posesión de la tierra, un requisito administrativo que la falta de regularización territorial ha bloqueado por más de dos décadas.
Mientras las manifestaciones ciudadanas se enfocan en la protección de los animales, los expedientes jurídicos revelan un patrón recurrente de reclasificación de predios públicos en la periferia urbana de Cancún para desarrollos urbanísticos, postergando cualquier resolución sobre la custodia legal y el bienestar de los felinos.


