Inquieta la sobrerregulación
Minuta a ley federal impactaría negativamente en las micros, pequeñas y medianas empresas.
Por Blanca Silva > Quequi
Cancún. El Centro Empresarial Coparmex Quintana Roo alzó la voz para defender el equilibrio entre la regulación y competitividad empresarial, al advertir que la minuta de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), recibida en la Cámara de Diputados, afectaría la operación diaria de las empresas.
La presidenta de la Coparmex Quintana Roo, Jovita Portillo Navarro, explicó que la medida afectaría principalmente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que representan el 99% del entramado productivo del país, además de que las multas podrían alcanzar más de 7.3 millones de pesos o incluso montos equivalentes al 100% de la operación.
Aunque como sindicato patronal coinciden en la necesidad de asegurar la transparencia financiera conforme a estándares internacionales, pues el combate al lavado de dinero es fundamental, consideró que se requiere eficiencia regulatoria, proporcionalidad jurídica y realismo operativo, ya que modificar la ley sin gradualidad ni incentivos es una amenaza para miles de negocios formales.
Explicó que la inquietud empresarial se centra en la sobrerregulación que implica la reforma al ampliar significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables, ya que las modificaciones exigen a las empresas identificar y conocer a todos sus clientes mediante documentación oficial, así como recabar información detallada sobre los beneficiarios en el caso de personas morales.
Tras considerar que la eliminación del requisito de demostrar dolo en algunos casos abre la puerta a responsabilidades penales automáticas, la reforma los obligará a monitorear y avisar operaciones, lo que amplía el universo de transacciones sujetas a fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además, prevalece la restricción al efectivo, lo cual no refleja la realidad del país, en relación con la falta de bancarización de muchos clientes, por lo que la implementación de la iniciativa implicaría una inversión significativa en infraestructura tecnológica, capacitación constante del personal y contratación de servicios externos para garantizar su ejecución.
Lo anterior, puntualizó, representa para muchos negocios, especialmente los de menor tamaño, una carga económica difícil de absorber, ya que el desarrollo o adquisición de sistemas capaces de identificar operaciones que no sean conforme al perfil transaccional y generar avisos en los formatos requeridos por la autoridad, necesita recursos que no están al alcance de todos.
