Indefenso Q. Roo, ante transgénicos
Mientras que en Yucatán y Campeche los planes de Monsanto de sembrar soya transgénica fueron frenados por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Quintana Roo los apicultores se mantienen en la indefensión, al no avanzar su caso en la corte, pese a que ya se ha documentado la contaminación de estos organismos genéticamente modificados en la miel, principal fuente de ingresos para centenares de familias mayas.
En los tres estados de la península, desde hace años se ha librado una batalla legal y social para evitar la llegada de cultivos transgénicos, que apicultores temen contaminarían sus productos, lo que los haría invendibles en su principal mercado, Europa.
La Sagarpa otorgó a Monsanto un permiso, en junio de 2012, para sembrar por tiempo indefinido soya tolerante al glifosato (“roundup ready”), en un polígono de 253 mil 500 hectáreas.
Comunidades de los tres estados de la península iniciaron la pugna legal, pero en Quintana Roo, el primer juicio fe rechazado, mientras que el segundo fue redireccionado a otro juzgado, por lo que se generó un retraso de varios meses. Debido a ello, cuando la SCJN atrajo el caso, sólo consideró las quejas de Yucatán y Campeche, por lo que su revocación del permiso, en tanto no se haga una consulta con las comunidades indígenas afectadas, sólo aplicó allí.
Raymundo Espinoza Hernández, abogado integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), señaló que la demanda de Quintana Roo fue resuelta hace un año, por el juez de distrito en Chetumal, con una sentencia muy similar a la de la SCJN. En el fallo, se ordena una consulta; sin embargo, da un plazo de seis meses para su celebración y señala que la autoridad será la que determinará la validez del permiso posterior a la consulta; es decir, no es vinculante.
La sentencia fue impugnada por las comunidades afectadas, además de Monsanto, en junio de este año. “El asunto lo tiene el Tercer Tribunal Colegiado de Cancún, con un magistrado designado”, explicó el abogado. “Por ley debe resolver en 90 días hábiles, por lo que esperamos la sentencia para noviembre”.
En el recurso, piden que el caso sea atraído por la SCJN, pues es idéntico al de Yucatán y Campeche, este proceso, de darse, podría tardar un año más.
En tanto, por estar el caso litigándose, el permiso a Monsanto sigue vigente, al no decretarse ninguna medida cautelar.
“Llevamos dos años de lucha y falta todavía otro más, por lo menos. Lo que exigimos es que la consulta que se realice sea real”, añadió. “Por ello, no puede ponérsele un plazo, eso depende de los usos y costumbres de las comunidades, además sus conclusiones deben ser vinculantes, de lo contrario se reduce a un mero trámite administrativo”.
Espinoza Hernández advirtió que la celebración de consultas es una tendencia nacional, para proyectos mineros, hidroeléctricos, o agroquímico, como en este caso, pero lo que parece ser un mayor respeto a las comunidades originarias, termina siendo un fraude, ya que se presiona a los involucrados, hacen procesos al vapor y finalmente los resultados no son respetados por nadie.
“Ojo, nosotros nos inconformamos contra toda la sentencia, porque el juez admite que estos productos son nocivos, que afectan a comunidades indígenas, pero sólo se centra en la consulta, hecho de una manera que sólo legitimiza este proceso. No pedimos que se hiciera una consulta, sino que se anule el permiso”, aseveró.
Por Mario Morales > Quequi
