Frena Peña paquete de impunidad
Por inconstitucionales, quedan en manos de la SCJN los casos de Quintana Roo y Veracruz.
La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso ayer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de las reformas y nombramientos realizados por los Congresos de Quintana Roo y Veracruz, por estarse creando sistemas judiciales locales, sin esperar las normas generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
Lo anterior fue informado por el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, quien detalló que la acción fue tomada por instrucciones de Enrique Peña Nieto, debido a que “contra la corrupción no puede haber excepciones, toda vez que esto es lo que los ciudadanos demandan”.
Sánchez Hernández indicó que esta semana el presidente Peña Nieto promulgará las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que fue vetado y reformado de acuerdo con varias quejas de empresarios.
Por su parte el subprocurador jurídico de la PGR, Salvador Sandoval Silva, alegó que las entidades carecen de facultades para crear sistemas anticorrupción, sin que se hayan publicado todavía las leyes federales correspondientes, mucho menos hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias.
De ser aceptados por la SCJN, estos argumentos echarían por tierra las reformas constitucionales y nombramientos realizados por el Congreso del Estado en su tercer periodo extraordinario de sesiones, realizado en Chetumal y dos hoteles de Cancún, mismos en que se designó a un auditor, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, fiscal, consejo consultivo del Instituto de Acceso a la Información y magistrados del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa.
“De subsistir los decretos que hemos impugnado a través de las acciones de inconstitucionalidad, los actos emanados de ellas adolecerían de vicios de inconstitucionalidad, pues serían emitidos con base en normas jurídicas que carecen de sustento constitucional”, detalló Sandoval Silva, quien indicó que no se pueden nombrar fiscales u órganos anticorrupción, sin tener coordinación con el nuevo sistema nacional.
También indicó que mientras se resuelven las acciones de inconstitucionalidad, permanecerán vigentes las anteriores normas, leyes y procedimientos, mientras tanto entra en operatividad el Sistema Nacional Anticorrupción.
En Quintana Roo, esto significaría que las faltas administrativas graves se verían aún a través de juicios políticos efectuados por el Poder Legislativo, en lugar del propuesto Tribunal de Justicia Administrativa.
Este último organismo autónomo, creado a través de una reforma constitucional aprobada por el Congreso local, es el que está en el centro de la controversia, según la información divulgada por la Presidencia de la República, pues se les dio facultades para sancionar faltas administrativas graves, sin esperar el marco general federal.
También se nombró a sus tres magistrados por designación directa del Ejecutivo, sin existir aún esta normativa.
Aunque la presidencia no lo menciona, la Ley de Fiscalía General también señala que este órgano autónomo, reemplazo de la PGJ, tiene entre sus facultades “solicitar iniciar” quejas por faltas administrativas, preservar estas evidencias, y turnar al “órgano competente” (el Tribunal de Justicia Administrativa) estos casos; es decir, esta legislación también regula el sistema anticorrupción.
Las reformas y nombramientos realizados por la XIV Legislatura en su periodo extraordinario causaron polémica y condena por parte de diversas asociaciones civiles, colegios y partidos políticos opositores, que veían en ello un intento de imponer figuras a la siguiente administración estatal, con el fin de obstaculizar la transparencia.
La primera sesión fue momentáneamente interrumpida por una violenta protesta de ciudadanos, indignados por este procedimiento. Ante ello, los legisladores mudaron la sede del Congreso a dos hoteles en Cancún, lejos de cualquier centro urbano y bajo estricta vigilancia policiaca. Por Redacción > Quequi
VOZ
Contra la corrupción no puede haber excepciones, toda vez que esto es lo que los ciudadanos demandan.
Eduardo Sánchez
