Destituyen a apoderada legal en Bacalar
- Cabildo de Bacalar revoca cargo a Juana Piña Gutiérrez.
Por Jared García
Quequi
El Cabildo de Bacalar revocó la facultad como apoderada legal de ese Ayuntamiento a la síndico Juana Vanessa Piña Gutiérrez, por negarse a cumplir con sus obligaciones que establece la ley.
La mañana de ayer se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de cuerpo edilicio en la que siete de los nueve regidores integrantes de ese cuerpo colegiado, revocaron el carácter de apoderada jurídica del Ayuntamiento a la síndica Juana Vanessa Piña Gutiérrez.
Además de que le confirieron esa responsabilidad a la segunda concejal Rosa García González.
Esa determinación se desprende, luego de que se negara a signar documentos del gobierno municipal, entre ellos la Cuenta Pública del cuarto trimestre de 2021 y del primer trimestre de 2022.
Así como firmar un escrito para que la Dirección Jurídica de la administración bacalarense pudiera tener la representación legal del Ayuntamiento en dos juicios laborales.
Lo que puso en riesgo de obtener un resultado en contra, de no darse contestación en tiempo y forma como lo establece la ley en la materia.
Lo que causaría que el Ayuntamiento de Bacalar se vea obligado a desembolsar aproximadamente 200 mil pesos a los promoventes.
Tampoco quiso rubricar como representante legal la contestación a las diversas observaciones realizadas por auditorías externas, lo que también podría generar un daño patrimonial en contra del Ayuntamiento, por concepto de multas.
Durante la gestión municipal pasada, la ahora síndico, quien fungió como secretaria de Alexander Zetina Aguiluz, obligó a un par de ancianos de la comunidad de Miguel Hidalgo a quitarse el calzado para que pudieran ingresar al Palacio Municipal.
Los adultos mayores esperaron por más de una hora sin zapatos dentro del edificio público y no fueron atendidos, porque Piña Gutiérrez era el primer filtro para hablar con el entonces presidente.
Por estos hechos, la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo inició una investigación que motivó el expediente VA/BAC/004/01/2017 por el presunto acto de discriminación.
Actualmente, la funcionaria municipal se dice víctima de violencia política de género, un tema muy de moda, que en ese entonces no pudieron utilizar los ancianos abusados por ella misma.
