Consignará PGR más expedientes
Por Sergio López > Quequi
En los próximos días, serán consignados los expedientes de otras tres denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Roberto Borge Angulo, con las que se comenzaría a actuar en contra de su red de prestanombres y empresas fantasmas.
La PGR tiene en la mira a 26 empresas y 23 personas involucradas en esta red de corrupción, que además de la venta irregular de terrenos, están involucradas en la asignación viciada de obra pública y desvío de recursos.
Además de la averiguación UEIORPIFAM-QR/0000749/2016, por la venta irregular de terrenos, existen otras tres averiguaciones en contra del exgobernador ante la Procuraduría General de la República (PGR) y dos ante la Fiscalía General del Estado, tal como lo confirmó el mandatario actual, Carlos Joaquín González
A nivel federal, una denuncia involucra el uso de recursos públicos en campaña en el proceso electoral del año pasado. Otra es por la incorrecta aplicación de recursos obtenidos a través de créditos; es decir, aumento de la deuda sin justificación legítima.
En el fuero común, avanza la investigación por la venta de terrenos a precios subvalorados, por la que ya fue detenido el extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Mauricio Rodríguez Marrufo, en tanto que su sucesora, Paulina Achach, está en libertad provisional.
Se espera que en los próximos días la PGR consigne el resto de los expedientes que tienen contra Borge Angulo, con lo que obtendrían otras dos órdenes de aprehensión en su contra. Principalmente, también se irían contra su red de cómplices.
Entre las personas investigadas se encuentran amigos que estaban en la universidad con Roberto Borge, familiares, exfuncionarios públicos y personal de confianza como choferes y personal de limpieza.
Una de estas investigaciones abarca a Andrés Maíz y Edgar Méndez, además de la empresa GD Rumega, la principal beneficiaria de obra pública en la administración pasada.
‘BLINDADOS’
Muchos de los exfuncionarios que habrían sido cómplices de estos desvíos ya se encuentran amparados por jueces federales, como es el caso del exsecretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina; Eliezer Manuel Villanueva Lanz, exsubsecretario técnico de Sefiplan; Claudia Romanillos Villanueva, ex-titular del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado (IPAE), y Fernando Escamilla Carrillo, exsecretario de Infraestructura y Transporte.
