Caso de empresario mexicano pone en jaque a fiscales panameños

• Durante 17 meses de investigación, sin imputación, pero sí con una oleada de afectaciones en su proceso, la víctima da un revés a su investigación para querellar a los fiscales por violaciones a sus derechos humanos.

Panamá

A mediados del 2019, la Fiscalía Segunda contra el crimen organizado de Panamá recibió una comunicación espontánea (información no comprobada), con la posibilidad de iniciar una investigación a un inversionista extranjero residente en Panamá por presunto delito de lavado de activos. Desde entonces, la fiscalía inicia la investigación que se le delega a los fiscales Isis Soto y Marcos Mosquera.

Durante la investigación, al empresario señalado se le aprenden bienes y cuentas bancarias. Acuerpado por sus abogados para hacerle frente a los señalamientos, al inversionista se le impidió la entrada a Panamá y se le revocó su carnet de residencia por el presunto delito, el cual lo inhabilitó para asistir presencialmente a sus actos de audiencia, dicha medida que continúa hasta la fecha.

La investigación, ya casi un año y medio de haberse iniciado, no ha arrojado resultados, ya que al inversionista no se le ha imputado cargos por ningún delito. Su equipo legal, ya ha agotado todas las instancias correspondientes y no se le dictamina un veredicto contundente. El mismo ha iniciado un proceso de querellas penales en organismos nacionales e internacionales por el presunto delito contra la honra a los fiscales implicados en la causa.

En los últimos meses, en Panamá se han expuesto los tratos dudosos y arbitrarios por parte del Sistema de Justicia del país, el mismo que lucha por mantener su credibilidad ante la oleada de denuncias y querellas antes sus fiscales y jueces por no llevar correctamente el debido proceso.

Salvador Padilla, representante legal del empresario afectado, señaló que, la justicia panameña está dejando ver, que el país se duerme muy de pronto, pero que también se despierta muy de repente, pues carece de las garantías mínimas de un Estado de Derecho.

Es lamentable que el Estado Panameño, haga todo para espantar el capital privado, pues realizan sus procesos sin fundamento y motivación legal, lo que genera una incertidumbre jurídica que ahuyenta a los empresarios, afirmó.

El rumbo que está tomando el país en materia de seguridad jurídica continúa siendo incierto, una economía en deterioro, deudas millonarias y una pandemia sin final deja una duda ¿Quién va a invertir en un país con una institucionalidad fragmentada, escándalos de corrupción y una justicia cuestionable? Pronto tocaremos fondo si no se actúa a tiempo, acotó el abogado.

El empresario mediante un declaración dictaminó, si fuera un criminal real, estos corruptos fiscales Isis del Carmen Soto y Marcos Mosquera de la Guardia, no se atrevieran a perseguir, pero en un caso de un empresario con negocios lícitos y certificados, aprenden todo mis bienes y patrimonio por 17 meses para fingir que están haciendo algo.