Bajo lupa designación de magistrados

Por Blanca Silva

Quequi

El Observatorio Legislativo de Quintana Roo y Somos Tus Ojos por la Transparencia, pidieron que la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa pase por el pleno del Congreso y no por acuerdo de la Diputación Permanente, pues se trata de cargos de gran trascendencia y amplitud en sus periodos.

Tras detectar que en el listado de más de 60 aspirantes se encuentran personas que tienen una militancia activa en partidos políticos, están desempeñando cargos en la función pública o pertenecen a grupos políticos de la entidad, exhortaron al Congreso para que realice un análisis objetivo de los perfiles de los postulantes y elija de entre éstos a los que puedan desempeñarse con el mayor profesionalismo e imparcialidad.

EFICACES

Lo anterior debido a que algunos de ellos no cumplen con los requisitos establecidos para el nombramiento de los magistrados, los cuales deben recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia,  capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido  por  su honorabilidad,  competencia  y  antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Tras señalar que respeto al procedimiento se abstendrá de señalar a aquellos candidatos que tienen vínculos evidentes con partidos políticos, no se distinguen por su honorabilidad o no se han desempeñado con eficiencia, capacidad y probidad en la administración pública, reiteró que la elección debe llevarse a cabo de manera objetiva y sin simulaciones, pues aunque esta situación no contraviene los requisitos legales, sí va en contra de los principios de confianza, credibilidad y ética que se requiere en los integrantes del naciente Tribunal.

Puntualizó que el Tribunal de Justicia Administrativa nace de la necesidad de contar con instituciones que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y los procesos anticorrupción, por lo que es uno de los logros más importantes de las organizaciones civiles del país por lo que la designación de sus integrantes debe apegarse a las exigencias legales y los principios de confianza, credibilidad y ética.