Arremete Uber contra tres funcionarios; representantes de los operadores de la plataforma entregan al Congreso solicitud de juicio político

Por Soraya Huitrón 

Operadores de la plataforma digital Uber presentaron una solicitud de juicio político contra la secretaria de Gobierno, Cristina Torres; el titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcazar y la directora de Gobierno Erika Castillo, porque consideran que violaron la ley al querer impedir el funcionamiento de la plataforma, aun cuando la empresa ganó un amparo en la justicia federal.

Carlos Calzado Calzado y Águeda Esperilla Soto, representantes de los operadores, acudieron a las oficinas de representación del Congreso del Estado en Cancún para promover un juicio político en contra de los funcionarios y pidieron que el Poder Legislativo analice el caso. 

Los acusan de desacatar a una orden judicial, asociación delictuosa, incitación a la violencia, corrupción y conflicto de intereses con los sindicatos de taxistas “Andrés Quintana Roo” de Benito Juárez y “Lázaro Cárdenas del Río”, de Solidaridad.

Esto porque luego de que se dio el fallo de los magistrados, tanto Cristina Torres como Rodrigo Alcazar declararon ante la prensa que la plataforma Uber todavía no podría brindar el servicio, “porque en la entidad es ilegal” y fue desde ese momento cuando se intensificó la cacería en su contra.

“En un acto premeditado y orquestado desde la administración pública estatal, dicen que Uber sigue siendo ilegal. Viene el fallo a favor (de Uber), se publica en el Diario Oficial de la Federación y de todas maneras salen a insistir. El desacato a una orden judicial implica cárcel, y ellos lo saben”, dijeron los representantes.

Además denunciaron contubernio entre el Instituto de Movilidad de Quintana Roo y el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, al nombrar como el delegado de Benito Juárez, a Manuel Puerto Castillo, primo de Erika Castillo.

Señalaron el mal actuar de Erika Castillo, la recién nombrada directora de Gobierno de Quintana Roo, debido a que ella no puede ser juez y parte del caso, pues mantiene un vínculo muy cercano con los taxistas; incluso, es hija de un ex líder del Sindicato “Andrés Quintana Roo” y consideran que no será imparcial.

También reprocharon que Manuel Puerto Castillo, primo de Erika Castillo, mantiene un cargo en el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, lo que es un claro ejemplo de que no hay un piso parejo y evidentemente quieren beneficiar a los taxistas. 

Manuel Jesús Puerto Castillo actualmente ocupa el cargo de director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Movilidad, cargo que tomó el 1 de octubre de 2022 con el número de empleado 266; sin embargo, aún es socio activo del sindicato de taxistas de Cancún, lo que claramente muestra que existe un acuerdo para beneficiar a dicho gremio.

En ese sentido, Águeda Esperilla Soto y Carlos Calzado Calzado recordaron un video que salió en la campaña electoral, en la cual Rodrigo Alcazar les dijo a los taxistas que él fue el artífice de que Uber no ingresara al estado y les pidió el voto. 

En tanto, Erika Castillo se ha caracterizado por promover leyes y acciones en contra de la operación de Uber en Cancún y fue cómplice de su padre Erick Castillo Alonso cuando en 2017 durante una asamblea incitó a sus agremiados a matar a los socios conductores de Uber, cuando recién iniciaba operaciones en el estado.

Ahora, además de ser presidente de dos asociaciones de taxistas, funge como directora de Gobierno de Quintana Roo.

En 2019, como diputada local, Erika Castillo promovió una reforma a la Ley de Movilidad que permitiría a los Ayuntamientos realizar operativos en contra de los socios conductores Uber. Y aunque la propuesta que, finalmente no pasó, causó mucha polémica, ya que el Poder Judicial amparó a Uber para que no fuera considerado transporte público y por lo tanto los socios conductores no necesitan de concesiones. 

Los representantes de Uber en Cancún explicaron que las causas para la promoción del juicio político a estos tres personajes son corrupción, conflicto de intereses y desacato a un mandato judicial; sin embargo, los socios Uber aclararon que esta promoción es de carácter personal de cada uno de los agraviados y nada tiene que ver la empresa Uber.

“Esto lo estamos realizando los socios, no la empresa Uber como tal, y aunque estamos seguros que está realizando trabajos al respecto, y ya en su momento nos lo hará saber, pero la solicitud del juicio político es por cuenta de nosotros, las víctimas de los taxistas”, señalaron.