Advierten que reforma fiscal podría frenar inversiones en Quintana Roo
Contadores señalan que el nuevo límite a deducciones y pérdidas fiscales podría afectar a empresas turísticas y restauranteras durante 2027.
Por Alejandro García > Quequi
Cancún. La propuesta de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que crea un mecanismo de control de las deducciones autorizadas y de las pérdidas fiscales para empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos podría frenar la inversión privada en Quintana Roo durante el primer semestre de 2027, en un momento en que el estado enfrenta una temporada turística baja y hoteles que analizan cerrar, ya que los empresarios limitarían sus proyectos mientras replantean su planeación financiera para evitar afectaciones a sus utilidades, advirtió Edgar Hernández González, presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores de Cancún.
El especialista consideró que la aprobación de la medida no sería el camino adecuado ante las condiciones económicas de la entidad, por lo que el gremio contable dará seguimiento al proceso legislativo y a la reacción de las empresas en los primeros meses del próximo año.
Hernández González explicó que el cambio impactaría por igual a todos los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto, aunque el efecto sería mayor en los sectores que operan con márgenes de utilidad reducidos, como el industrial y, en el caso de Quintana Roo, la industria turística y la restaurantera.
La iniciativa forma parte del Paquete Económico 2027 que el Ejecutivo federal entregó a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre y propone adicionar un Capítulo X al Título II de la Ley del ISR, integrado por los artículos 78-A a 78-F, aplicable a personas morales del régimen general con ingresos acumulables mayores a 50 millones de pesos que determinen utilidad fiscal en el ejercicio.
Conforme al texto enviado al Congreso, cuando las deducciones no rebasen el 96.67 por ciento de los ingresos solo podrá aplicarse el 99 por ciento de ellas, y cuando excedan ese porcentaje el tope será el propio 96.67 por ciento de los ingresos; además, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores únicamente podrán disminuirse hasta en 50 por ciento de la utilidad fiscal del año.
En la práctica, el esquema obliga a reportar una utilidad fiscal mínima de 3.33 por ciento de los ingresos, lo que con la tasa corporativa de 30 por ciento equivale a un pago cercano al 1 por ciento de las ventas. Un análisis del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estima que una empresa con ingresos de 100 millones de pesos y deducciones de 98 millones pasaría de pagar 600 mil pesos de ISR a 999 mil pesos, un aumento de 66.5 por ciento. El paquete también reduce de 30 a 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada el límite para deducir intereses netos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostiene que el paquete no crea impuestos ni eleva las tasas generales, y proyecta ingresos tributarios por 6 billones 263.9 mil millones de pesos en 2027, equivalentes a 15.9 por ciento del Producto Interno Bruto, un máximo histórico que pretende alcanzar mediante mayor fiscalización y el cierre de espacios de elusión.
La reforma aún no ha sido dictaminada y su contenido puede modificarse durante la discusión en el Congreso de la Unión, donde la Ley de Ingresos debe aprobarse en la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y en el Senado antes del 31 de octubre; de avalarse en sus términos, el nuevo mecanismo entraría en vigor el 1 de enero de 2027 y se reflejaría en los pagos provisionales de ese mismo año.
