Playa del Carmen avanza en la regularización de asentamientos
Mediante nueva estrategia se pretende reducir rezago social y brindar certeza jurídica
Playa del Carmen.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Vivienda y Regularización, mantiene activos esquemas de censo documental y físico para diagnosticar la situación de miles de familias que habitan en zonas irregulares de Playa del Carmen.
El titular de la dependencia, Alberto Farfán, señaló que esta estrategia busca articular esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y los propietarios de los predios para integrar estas comunidades al desarrollo urbano ordenado.
En entrevista con Capital Noticias, explicó que la creación de esta oficina responde a la necesidad de romper con la inercia de crecimiento desordenado que ha afectado al municipio durante años. La meta de la administración actual es nivelar las condiciones sociales de las zonas consolidadas, siempre que se encuentren dentro del Programa Director de Desarrollo Urbano (PDUM) y cumplan con criterios de convivencia pacífica.
El procedimiento municipal abarca zonas como Inhouse, El Sauce, Puerto Palma, así como áreas pendientes de acreditación en Cristo Rey y la alcaldía de Puerto Venturas. Para llevar un control preciso de la ocupación, la autoridad opera dos modalidades de registro.
Padrón documental y verificación en campo
El primer mecanismo corresponde al censo documental, en el cual las personas en situación irregular acuden a las oficinas ubicadas en el Palacio Nuevo para entregar la documentación que acredita su residencia en el lote.
“A través de este proceso, la dependencia registra un padrón de aproximadamente 7,000 personas documentadas”, enfatizó.
De manera complementaria, el Ayuntamiento ejecuta un censo físico directamente en los polígonos. Este levantamiento permite constatar la identidad de los habitantes y sienta las bases para las fases finales del proceso: la acreditación legal de la propiedad y la introducción gradual de servicios públicos básicos.
La falta de regularización genera problemáticas de fondo como la contaminación del subsuelo por la ausencia de drenaje sanitario, incertidumbre jurídica ante posibles despojos y riesgos en materia de seguridad pública.
Farfán destacó que el perfil general de las familias asentadas corresponde a trabajadores integrados a la economía local que carecían de acceso a créditos de vivienda formal, descartando que se trate prioritariamente de grupos dedicados a la especulación inmobiliaria.
Coordinación interinstitucional y convenios federales
Para alcanzar la certeza jurídica de la tierra, el gobierno municipal coordina mesas de trabajo con propietarios privados y núcleos ejidales afectados por ocupaciones históricas. A través de esquemas normativos vigentes, se busca delimitar las extensiones territoriales para que las fracciones ocupadas puedan transferirse al dominio público o federal, permitiendo su posterior lotificación y urbanización.
Asimismo, el municipio mantiene alianza con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable para absorber los costos derivados de las subdivisiones, notificación y trámites ante el Registro Público de la Propiedad mediante subsidios federales. Un ejemplo de este modelo es la colonia Luis Donaldo Colosio, donde de un universo superior a los 5,500 predios, cerca de 4,500 familias han obtenido sus escrituras con el respaldo del organismo federal.
Fuente: InZoomMx
