Revelan nuevas investigaciones de EU contra los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal
Ciudad de México.- El diario estadounidense Los Angeles Times informó que autoridades de Estados Unidos mantienen investigaciones sobre los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el crimen organizado.
Según la publicación, ambos mandatarios estatales, militantes de Morena, habrían sido objeto de indagatorias federales que derivaron en la presunta revocación de sus visas estadounidenses. No obstante, el medio señala que continuarían ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial conocido como Significant Public Benefit Parole, utilizado en casos específicos por las autoridades de ese país.
De acuerdo con el reporte, Alfonso Durazo estaría bajo observación debido a supuestos vínculos con grupos criminales que operan en la frontera norte, mientras que Américo Villarreal sería investigado por presuntas relaciones con redes de contrabando ilegal de combustible, actividad conocida en México como “huachicol”.
Tras la publicación, la vocera del gobierno de Sonora, Paloma Terán, rechazó la información y aseguró que Alfonso Durazo cuenta con una visa vigente y que no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de autoridades estadounidenses.
Por su parte, Américo Villarreal ha negado en ocasiones anteriores cualquier señalamiento relacionado con actividades ilícitas, afirmando que las acusaciones carecen de sustento y reiterando su disposición a actuar con transparencia.
Las revelaciones se producen en un contexto de creciente tensión entre México y Estados Unidos por investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Recientemente, también trascendieron señalamientos contra otros actores políticos vinculados con Morena, situación que ha generado debate sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado que cualquier acusación sea acompañada de pruebas y ha manifestado su rechazo a lo que considera posibles actos de injerencia en asuntos internos del país.
El caso adquiere relevancia adicional debido a que ocurre previo al inicio de las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un momento en que ambos gobiernos mantienen una estrecha agenda de cooperación económica y de seguridad.
