Diputados rechazan reforma electoral; Morena alista “Plan B”
La Cámara de Diputados rechazó en lo general la propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
La iniciativa obtuvo 259 votos a favor de Morena, 234 en contra de PT, PVEM, PAN, PRI y MC, y una abstención, cuando se requerían al menos 334 votos para su aprobación. Tras el resultado, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, informó que el dictamen quedaba oficialmente desechado.
Durante el posicionamiento de Morena, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, adelantó que, tras el rechazo de la iniciativa, comenzarán a trabajar en un “Plan B” para impulsar cambios en el sistema electoral.
“Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero una vez que se vote y se rechace comenzaremos a construir el Plan B de la reforma electoral. No vamos a rendirnos ni a claudicar”, expresó desde tribuna, acompañado por legisladores morenistas.
Monreal sostuvo que las propuestas impulsadas por el movimiento seguirán avanzando con el tiempo.
“Las reformas pueden detenerse en una votación, pero las ideas que nacen del pueblo no se detienen. Persisten y tarde o temprano se convierten en ley”, afirmó.
Cambios que proponía la reforma electoral
Entre los principales puntos de la iniciativa destacaba la modificación del sistema de legisladores plurinominales, es decir, aquellos que llegan al Congreso sin ganar un distrito electoral.
La propuesta contemplaba eliminar los 32 senadores plurinominales y modificar la integración de la Cámara de Diputados.
En el caso de San Lázaro, se planteaba que:
- 100 diputados plurinominales se asignaran entre quienes participaron en distritos pero no obtuvieron el triunfo, ordenados según el porcentaje de votación obtenido.
- Otros 100 diputados plurinominales se elegirían a partir de la votación por partido en cinco circunscripciones regionales, incluyendo representación de mexicanos residentes en el extranjero.
Además, la reforma proponía reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, así como ajustes en los recursos destinados al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los altos funcionarios electorales.
Otro de los objetivos era reforzar la fiscalización del dinero utilizado en campañas, con el fin de evitar la infiltración de recursos del crimen organizado en los procesos electorales.
Con la información de Reforma y El Financiero
