Manifestación de ejidatarios frente al TUA
Protestan por incorporación irregular de familiares de exdirectivos en el padrón.
Por Redacción
Familiares directos de ex comisariados del ejido Juan Sarabia aparecieron recientemente en el padrón agrario sin la aprobación de la asamblea, hecho que detonó una manifestación de inconformes frente al Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 44, en Chetumal.
Los ejidatarios denunciaron la incorporación irregular de personas vinculadas a las familias Haro, Cantú, Gutiérrez, Galindo, Lomas y Castillo, quienes, aseguraron, nunca fueron electas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Agraria.
Los manifestantes acusaron al comisariado saliente, Lauro Cantú Galindo, de intentar perpetuar el control del núcleo agrario mediante la imposición de familiares y allegados, entre ellos su hermano, el actual comisariado Leonel Cantú Galindo, así como la suplente Rubí Cantú Haro.
Señalaron que estas maniobras buscan mantener el manejo discrecional de los ingresos millonarios del ejido, provenientes especialmente de actividades relacionadas con la venta de materiales utilizados en las obras del Tren Maya.
Los ejidatarios recordaron que la supuesta asamblea en la que se avaló el ingreso de nuevos miembros fue ya impugnada ante el TUA por diversas anomalías, entre ellas coacción al voto, intimidaciones y violaciones al quórum.
Aseguraron que el comisariado pretende justificar estos nombramientos bajo acuerdos inexistentes, lo que consideraron una estrategia para validar actos fuera de la normatividad agraria.
Reprocharon además el enriquecimiento acelerado de quienes han encabezado la directiva en los últimos años, mencionando a personajes como Fidel Guillén Arjona, Ernesto Haro Gutiérrez, Marcos Jiménez Potenciano y el propio Lauro Cantú.
Señalaron que varios de sus familiares pasaron de vivir con carencias a poseer propiedades que, afirman, no corresponden a los ingresos legítimos de sus cargos agrarios.
Cuestionaron también la actuación de los abogados vinculados a la directiva, entre ellos Scarlet Haro y Andrés Lomas Castillo, a quienes acusan de sostener una relación de conveniencia con los comisariados en turno.
Indicaron que, pese a no haber ganado juicios relevantes, ambos mantienen influencia en las decisiones internas del ejido y participan en mecanismos de manipulación de la información legal proporcionada a los campesinos.
Los inconformes explicaron que muchas de las presuntas asambleas donde se aprobaron estos movimientos se realizaron sin convocatorias formales y fuera de los espacios oficiales, incluso en reuniones privadas.
Señalaron que este esquema facilita la firma irregular de actas y evita la supervisión de la Procuraduría Agraria, lo que vulnera los derechos de los ejidatarios, en especial de los adultos mayores que, afirmaron, son engañados o presionados para aprobar documentos cuyo contenido desconocen.
