
Sin quejas en educación
La Cdheqroo no ha recibido ninguna denuncia de padres de familia o de los maestros.
Cancún
Por Alejandro García
Hasta el momento, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) no ha recibido quejas formales por parte de docentes ni de padres de familia por afectaciones a la educación o violaciones a los derechos humanos derivadas de la protesta magisterial en el estado, la cual busca rechazar la reforma a la Ley del ISSSTE, informó Omega Ponce Palomeque, presidenta de la Cdheqroo.
Explicó que la Comisión mantiene una vigilancia constante en el contexto de las protestas, generalmente desde la periferia de estas, revisando la situación con las autoridades. En ocasiones, su presencia es solicitada por los colectivos participantes y, en otras, por las mismas autoridades organizadoras del movimiento.

“No tenemos ninguna queja. Sabemos que las protestas de los maestros se han llevado a cabo en diversas sedes municipales, pero también entendemos que se trata de una manifestación contra una ley, lo cual no es competencia de los municipios resolver. Hasta el momento, no hemos recibido denuncias formales en la Comisión al respecto”, señaló.
Asimismo, agregó que no tienen conocimiento de ningún caso en el que se haya impedido a los manifestantes ejercer su derecho a la protesta en los municipios.
La movilización del magisterio ha generado preocupación en varios sectores, especialmente entre los padres de familia, quienes temen que la suspensión de clases se prolongue, afectando el derecho de los niños a la educación.
“Si bien algunos padres han manifestado su inquietud en redes sociales o en distintos espacios, hasta ahora no hemos recibido ninguna queja formal por parte de madres o padres de familia inconformes”, indicó Ponce Palomeque.
Por último, reiteró que la única función de la Comisión en este contexto, dentro de sus facultades y competencias, es mantenerse atenta. Subrayó que el derecho a la protesta es un derecho humano, por lo que deben vigilar que se ejerza en condiciones que no pongan en riesgo la integridad de los manifestantes, de la ciudadanía en general y que las autoridades sigan los protocolos correspondientes.