Reprochan opacidad del decreto de Milei
Aseguran que el precepto del presidente argentino, bloquea el acceso a la información.
Argentina
Por Agencias
Argentina se ve inmersa en una nueva polémica debido a un controvertido decreto del gobierno de Javier Milei que limita el alcance de la Ley de Acceso a la Información Pública. La medida, oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, ha generado preocupación entre organizaciones civiles y medios de comunicación, quienes advierten sobre las implicaciones negativas para la transparencia y la participación ciudadana.
La nueva reglamentación estipula que el Estado no estará obligado a divulgar información relacionada con la vida privada de los funcionarios públicos ni con documentos preparatorios de decisiones estatales, tales como papeles de trabajo y reuniones previas. Además, amplía los criterios de excepción para no proporcionar información pública.
En Argentina, la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde hace siete años, ha permitido a los ciudadanos ejercer su derecho a conocer datos de carácter público, contribuyendo a revelar conductas inapropiadas de autoridades, apoyando investigaciones judiciales y arrojando luz sobre las actividades de los funcionarios. Sin embargo, el decreto de Milei establece que el derecho a la información pública ya no incluirá detalles considerados parte de la esfera privada de los funcionarios, como las visitas a la residencia oficial de Olivos o información sobre la vida personal del mandatario.
La Fundación Poder Ciudadano ha manifestado su rechazo al decreto en redes sociales, argumentando que «ningún decreto puede restringir el Acceso a la Información Pública más allá de lo que lo hace la Ley sancionada democráticamente por el Congreso». Además, enfatizó que el acceso a la información pública es un derecho humano protegido por pactos y tratados internacionales, y que, aunque la información esté en manos del Estado, en última instancia, pertenece a la ciudadanía.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, anunció que la organización está evaluando llevar el caso a la Justicia para solicitar que el decreto sea declarado inconstitucional. «Esperamos que el Gobierno se dé cuenta de que esta medida es incorrecta y revierta el decreto», declaró Secchi en una entrevista con Radio Mitre.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también ha criticado la reglamentación, calificándola de «grave retroceso democrático» que desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y opaca la gestión pública. Fopea ha advertido que estos cambios vulneran los principios de transparencia activa y recordó que «toda la información en poder de los órganos públicos debe ser divulgada, ya que pertenece a los ciudadanos y no al Estado».
En medio de estas reacciones, el debate sobre el acceso a la información pública en Argentina se intensifica, poniendo en el centro de la discusión la importancia de la transparencia gubernamental en una sociedad democrática.
