Ratifican la solicitud de juicio político; tres funcionarios de la administración estatal están en la mira de socios de la plataforma Uber
Por Soraya Huitrón
Operadores de la empresa Uber ratificaron la solicitud de juicio político contra la secretaria de Gobierno, Cristina Torres; el titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcazar, y la directora de Gobierno, Erika Castillo.
El diputado Hugo Alday Nieto fue quien recibió el documento y explicó que luego de tres días presentada la solicitud, se debe hacer una ratificación ante el presidente de la Comisión de Justicia para llevarla al Congreso del Estado para su análisis.
“Con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos y derivado de la solicitud de juicio político presentada por varios ciudadanos en contra de tres funcionarios estatales, se obliga a que tres días posteriores a que se presenta el juicio político debe entregarse la ratificación en presencia del presidente de la Comisión de Justicia”, indicó Alday Nieto.
En ese sentido, la reunión fue para analizar parte de las pruebas presentadas y al final se hizo un acta de los hechos, la cual firmaron todos los presentes, misma que se quedan los solicitantes y una más se la llevó el diputado Hugo Alday al Congreso.
Por lo que a partir del día de la ratificación, corre el plazo para que la Comisión de Justicia, a partir del 15 de febrero, que inicia el segundo periodo de sesiones del primer año, se pueda llevar a cabo el dictamen correspondiente.
Por su parte Águeda Esperilla Soto, representante de los socios de Uber en Cancún, señaló que la regulación del servicio, que aún está pendiente por parte del Congreso del Estado, no interfiere con que ellos puedan trabajar, pues no existe prohibición para ello tras el amparo obtenido.
Uber se deslinda
Luego de que se dio a conocer la acción de algunos operadores de la plataforma digital, directivos de Uber no respaldan dicha solicitud, así lo señaló Nicolás Sánchez, director de Políticas Públicas de Uber.
Indicó que la solicitud de juicio político a Rodrigo Alcázar Urrutia, titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo); Erika Castillo Acosta, directora de Gobierno, y Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, “no es una acción que sea directamente de Uber”.
“Eso no es una acción que sea de Uber; acá los conductores son personas que son independientes y por lo tanto toman sus propias definiciones; no es una visión de la compañía”, indicó.
Agregó que los directivos de Uber están trabajando con las autoridades estatales y se mantiene un diálogo abierto y hay un objetivo común y lleva un proceso que se va a definir con todas las partes que han manifestado interés y esperan lo mejor para Quintana Roo.
“Son personas independientes, son personas que ellas se autodeterminan sus propios objetivos y le repito, nuestra comunicación con las autoridades se ha dado en canales formales. Nosotros mantenemos un diálogo; estamos trabajando con la autoridad; entendemos que hay un objetivo común y por lo tanto no me puedo pronunciar sobre la solicitud, porque no tiene nada que ver con la compañía”, aseveró.
Abundó que la comunicación con las autoridades se ha dado a través de los canales formales en la que incluso la misma secretaria de Gobierno, Cristina Torres, dio a conocer que en la mesa de diálogo que se conformó para avanzar en la regulación del servicio de las plataformas digitales, estaban incluido directivos de Uber.
Finalmente, dijo que lo importante es poder brindar un servicio, ya que tanto los turistas como los usuarios están pidiendo que Uber pueda operar y transformarse en una alternativa más de movilidad con todo el resto de los actores que participan en esta industria, en un escenario positivo para la economía y para la calidad de vida de todos los habitantes y turistas de Quintana Roo.
