Vulnera sus garantías individuales

• Yensunni Martínez atenta contra los pobladores de Felipe Ángeles al no dotarlos de agua.

Por Jared García
Chetumal

La alcaldesa de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, atenta en contra de los habitantes de la comunidad de Felipe Ángeles de la zona limítrofe con Campeche, al impugnar resolución de juzgado federal para dotarlos de agua potable.
Hace unos meses el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal, tras revisar y analizar el expediente marcado con el número 1081/2019 ordenó a diversas autoridades a garantizar el derecho humano de acceso al agua a los habitantes de la localidad de Felipe Ángeles, ubicada en la zona limítrofe con Campeche.
En este caso, a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, como organismo encargado de brindar ese servicio en el municipio capitalino, sin embargo, el asesor y gestor legal de la población, Andrés Blanco Cruz, dijo que la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, impugnó la resolución.
Lo que causó que el expediente esté en revisión en el Tribunal Colegiado con sede en Cancún y se postergara la ejecución de la sentencia, señaló que la postura asumida por la servidora pública, atenta en contra de los vecinos de esa comunidad.
Aun cuando el gobierno municipal no tendría que realizar ninguna inversión económica para ese proyecto, por lo que no habría una afectación al presupuesto, toda vez que desde el 2020, el Poder Legislativo, con base en esa orden judicial, designó un presupuesto de 100 millones de pesos a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación para atender, en primera instancia a las poblaciones que previamente también habían realizado las acciones legales correspondientes para acceder al líquido, como es el caso Felipe Ángeles, Guillermo Prieto y Caña Brava, con la construcción de un acueducto de 35 kilómetros de longitud, que beneficiaría a siete comunidades más.
Por lo que, por ahora, solamente se podrá dar atención a las dos últimas poblaciones, con un presupuesto de 21 millones de pesos.
No obstante, aseguró que se le está dando seguimiento al proceso y confió en que, en los próximos meses, la autoridad federal ratifique la determinación del Juzgado Sexto de Distrito y se cumpla con el mandato que establece la Constitución de que el acceso al agua es un derecho universal.