Desestima SEIDO amparos por cajas
Por Héctor Bello Guadarrama > Quequi
La promoción de amparos legales para evitar la revisión, sustracción y traslado de bienes resguardados en la empresa «First National Security», investigada por la SEIDO, no fue tomado en cuenta, ni acatado por las autoridades federales, quienes insisten en llevarse las pertenencias de mil 500 familias usuarias para que sean liberadas mediante comprobación de la legítima propiedad, lo que se consideró una violación a los derechos de las personas que no estarían involucradas en las indagatorias que realizan.
Mónica Zamora, usuaria por los últimos dos años de los servicios de resguardo de valores en la compañía «First National Security», reconoció que en las cláusulas del contrato no menciona la forma en cómo la empresa responderá por los bienes en caso de una eventualidad de pérdida; sin embargo, pide ser investigada por las autoridades para que comprueben su probidad, pues carece de facturas que comprueben su propiedad.
Luego que Alonso Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), negó que la orden de cateo contra cajas de seguridad sea relacionada con la carpeta de investigación por la extradición e investigación contra el exgobernador Roberto Borge Angulo, la usuaria Mónica Zamora exigió que la autoridad haga valer su derecho a que les sean devueltas sus pertenencias, mismas que no tienen fecha para cumplirse, dado a que insistirán en llevarse a oficinas centrales lo encontrado en cajas, que según si habría objetos relacionados con la investigación en contra de la delincuencia organizada
Si bien el juzgado Primero de Distrito concedió dos amparos para que la SEIDO devuelva inmediatamente sus pertenecías a la usuaria de cajas de seguridad de nombre Mónica Zamora, estos no han sido acatados por la autoridad, que insiste en trasladar a México los contenidos de mil 500 cajas de seguridad al involucrarse algunos con delincuencia, por lo que su defensa legal recurrirá hasta la última instancia posible con tal de hacer vale los derechos de los clientes del servicio.
“Por más que uno trate de avalar con la ley, sus amparos. Yo ya estoy amparada, esto insisto se debe hacer valer estamos en un Estado de Derecho. Yo pido que se respeten mis garantías y si tienen algo que quieran yo les muestro que yo soy una persona trabajadora, y que no le debo nada a nadie, y que no tengo nada de que me tengan que culpar. No se me hace justo que después de tanto tiempo entre ir y venir y guardando todos nuestros bienes de trabajo nos hagan esto. Si tienen algo en contra mí, porque yo no tengo ningún papel en el que me estén acusando de nada, que vengan y me pregunten de dónde vienen mis cosas. Yo soy una ciudadana trabajadora, no debo nada, y quiero que se haga valer este documento. Estamos en un Estado de Derecho, que se haga valer», exigió.
En más información, David Uribe, usuario de los servicios de cajas de seguridad, por su parte, confirmó la reunión de abogados de afectados con personal de la SEIDO, quienes no fueron flexibles en devolver pertenencias a quienes no están siendo investigados y que por lo tanto también sus valores habrían de ser enviados a la Ciudad de México, para las investigaciones conducentes. Y si querían tenerlas devuelta tendría que comprobar su legítima propiedad. Algo que parece ser difícil para algunos, dado a que aseguran sus pertenencias les ha llevado muchos años el tenerlas y no todos tienen evidencias de cuánto tiempo les han pertenecido.
Lo que fue confirmado por Israel Lira Salas, que aseguró en entrevista radiofónica que algunas de las cosas que han ido encontrando sí están relacionadas con las investigaciones por delincuencia organizada que realizan.
En ese sentido, el titular de la SEIDO aseguró que ninguna de las pertenencias de las cajas que ya han abierto ha sido llevada a la Ciudad de México, y que ellos han manejado todo los valores con personal testigo de que en las revisiones todo se ha respetado, sin que hayan sustracción alguna, lo que fue rechazado por los usuarios de las cajas de seguridad, que aseguran no tener confianza en las acciones que realizan por considerarlas violatorias de todo derecho.
