Joaquín Hendricks Díaz Analista político
Eficacia del estado y elecciones.
Resulta por demás justificada, la opinión ciudadana mayoritaria, que está en contra de que decisiones trascendentales para los mexicanos se difieran o aplacen con el argumento de las elecciones. Y es que efectivamente, en los últimos tiempos se ha vuelto común entre los partidos políticos y sus representantes «congelar» decisiones que por su trascendencia, generan polémica al interior de los congresos. Pero, esta actitud de pretender «resolver aplazando», o como se dice popularmente «ir pateando el bote» está resultando cada vez más inconveniente y provocando la ira ciudadana, que en su expresión más grave se traduce, ya lo hemos percibido, en la realización de vandalismo generalizado. Que también se da por acciones en «exceso» de la «representación popular», recordemos los acontecimientos que tuvieron lugar como reacción al popularmente llamado «gasolinazo».
De esta manera se actualiza, en mi concepto, la causa del desprestigio y desconfianza ciudadana en la política: Nuestra incapacidad por hacer converger, según la opinión popular mayoritaria, las dos agendas nacionales «La agenda ciudadana» y «La agenda política».
La primera «La agenda ciudadana», representa las causas sociales, aquello que el ciudadano puso en manos de los políticos o partidos de su confianza y que tiene que ver con la permanente búsqueda de mejores condiciones de vida, a través del esfuerzo cotidiano por parte de uno o varios miembros de la familia, que pensaron que la oferta política que conocieron, les facilitaría el camino para alcanzar sus sueños. La segunda, «La agenda política», que consiste en todo aquello que con gran pesar observa el ciudadano que compromete el tiempo de sus «representantes» dejando para después todo lo que «vivieron» y «sintieron» junto a ellos durante las campañas políticas. ¿Y cómo resolver ésta disyuntiva? La respuesta me parece se tendrá que dar a través de una mayor apertura institucional hacia la sociedad, no solamente referida esta a romper el ostión de los partidos políticos que se han asumido dueños de la voluntad popular, sino también en la función ejecutiva, (presupuestos participativos por ejemplo) en los que la sociedad opina, en acompañamiento, o como complemento a la representación que ella misma se ha dado. Figuras como «el plebiscito», «referéndum» y la «iniciativa popular» son alternativas de control ciudadano sobre sus representantes; y el caso extremo, «la revocación de mandato».
Viene al caso, lo que socialmente se califica como la mayor omisión del Estado Mexicano. Cuando organismos internacionales nos califican como el país más corrupto de América Latina, han transcurrido más de tres años y no sabemos cuánto tiempo más habrá de transcurrir para que podamos contar con un sistema completo anticorrupción. Y no es culpa de la sociedad mexicana, lo es de su «representación popular» de la que según reflejan diversos sondeos de opinión, se siente avergonzada al concluir que la falta de decisión se debe a los temores de todos los partidos por qué se investiguen los actos más recientes de sus figuras protagónicas. La socorrida justificación es que «no hay condiciones políticas» cuando lo racional y razonable es generar, propiciar esas condiciones políticas, privilegiando el Interés nacional, por encima de los intereses de los partidos o de sus figuras más representativas.
Y las «condiciones políticas» deben generarlas los actores políticos de hoy. Diferir soluciones desde el poder público es igual a «omisión» que conlleva una sanción ya sea, jurídica, política, social o moral. En otras palabras, la conclusión de un proceso electoral no cambia de manera automática la posición política adoptada por los partidos con lo que se antoja a muy largo plazo la implementación de un Sistema Anticorrupción en nuestro país, quedando en entredicho la eficacia del Estado Mexicano, en perjuicio del interés de los mexicanos.
