‘Deberá León Ruiz llamar a cuentas a Villanueva’
Por Mayra Cervera > Quequi
«Fidel Villanueva Rivero deberá rendir cuentas de la corrupción y los malos manejos que en los últimos cuatro años se ha dado al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia», dijo ayer Raúl Ojeda González, secretario de la Barra de Profesionistas en Derecho de Quintana Roo.
Señaló que el nuevo presidente del TSJ, José Antonio León Ruiz, deberá renovar los órganos y áreas que integran al Poder Judicial, para generar un tribunal de justicia sólido para evitar desfalcos a los recursos destinados a la aplicación de las leyes.
También deben rechazarse todos los pedidos de ratificación presentados por los magistrados para permitir el nombramiento de nuevos integrantes del Pleno Judicial, dando oportunidad que los espacios se llenen con verdaderos conocedores del tema, y aplicando procedimientos que garanticen que no hay «mano política» en las designaciones.
Además, se debe someter a una auditoría a Fidel Villanueva Rivero, por los poco más de 600 millones de pesos que al año se ejercen desde el TSJ, recursos en el que existe mucha opacidad y que nunca se declaró en qué se gastaron.
«Ha habido poca transparencia en la ejecución de obras, en la forma de adjudicar los millonarios contratos para la construcción de edificios en los últimos años, lo que fue para dar entrada el Nuevo Sistema de Justicia Penal», indicó.
Ojeda González señaló la mala construcción de los juzgados penales orales en Chetumal y Cancún “que se caen a pedazos” y que hay inversión que se esfumó, como la que nunca se realizó en la Zona Maya para la justicia tradicional.
Al referirse a la votación unánime con la que León Ruiz fue electo presidente del Poder Judicial, el especialista consideró que a través de ese consenso tiene un voto de confianza de los magistrados, y desde los profesionistas en derecho también se obliga a otorgarle el beneficio de la duda.
Desde su punto de vista, dijo que deberá responder con acciones que de verdad lleven a mejorar el sistema de impartición de justicia, la transparencia en el uso de los recursos públicos y no privilegiar nombramientos políticos o la contratación de recomendados, amigos y familiares.
