Violatoria, Ley de destierro
Por Sergio López Lara > Quequi
La reciente Reforma Penal publicada en el Periódico Oficial del Estado, donde se da facultades a los jueces de prohibir a una persona vivir, incluso ingresar a un municipio sin la autorización correspondiente por un periodo de hasta de 10 años, tiene que ser minuciosamente analizada para no violentar los derechos y garantías individuales que permiten a los ciudadanos mexicanos transitar libremente por todo el país.
Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la XV Legislatura aseguraron no tener conocimiento de esta nueva ley, aun cuando ellos la aprobaron; sin embargo, señalan que tiene que ser minuciosamente estudiada, tanto por los legisladores, magistrados del Poder Judicial en el estado, jueces penales, así como por la Fiscalía General del Estado, para realizar las adecuaciones correspondientes y poder aplicarla sin violentar los derechos y garantías individuales de las personas en los 11 municipios, llámese ciudadanos mexicanos o extranjeros.
‘ES CONTRAD’ICTORIA’
Para la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo, a cargo de Harley Sosa Guillén, esta determinación es muy grave, debido a que existen algunas lagunas en las que ninguna persona puede ser violentada en su domicilio o persona, ya que todo se tiene que hacer mediante un proceso legal, además de que tampoco se puede impedir el libre tránsito de las personas por todo territorio nacional y mucho menos en la entidad, porque es inminentemente turística, a donde todos los días llegan miles de personas procedentes de diversas partes del mundo.
Magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, aseguraron desconocer la aprobación de esta nueva ley, asegurando que consultarán la publicación en el Periódico Oficial del Estado para enterarse con base en qué se realizó la modificación al Código de Procedimientos Penales vigente en el país y el estado, motivo por el cual en estos momentos todas las autoridades de este poder estudiarán estas modificaciones para aplicarla y evitar caer en omisiones o violaciones a las garantías individuales.
Finalmente, Andrés Blanco Cruz, regidor del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, quien es licenciado en derecho, aseguró que desconoce las modificaciones que se hicieron a los Códigos de Procedimientos Federal y Estatal; sin embargo, de entrada aseguró que es violatoria a los derechos y garantías de las personas, debido a que nadie puede ser expulsado de su casa, si no existe un proceso penal, además de impedir transitar hasta por 10 años en cualquiera de los municipios con que cuenta el estado en estos momentos.
