Vendía exdirectora del IPAE Las tierras del estado
Por: Sergio López Lara
La exdirectora del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), durante la administración del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo Claudia Romanillos Villanueva, se presentó a declarar amparada ante la Fiscalía General del Estado en Chetumal, por la presunta venta de terrenos de alta plusvalía a familiares y amigos del exmandatario estatal en diferentes municipios del estado.
Después de la detención de Mauricio Rodríguez Marrufo, exsecretario del municipio de Benito Juárez, así como exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, se presentó a declarar de manera voluntaria ante la FGE acompañada de un grupo de abogados para escuchar las acusaciones en su contra.
En este orden se pudo establecer que la exfuncionaria se encuentra involucrada en un fraude por la venta de tierras pertenecientes al estado por más de 130 millones de pesos, mismas que están en zonas de alta plusvalía en los municipios de Lázaro Cárdenas, como lo es la isla de Holbox, donde se presume se vendió la llamada Isla Blanca al actual senador, Félix González Canto, además de otras zonas a funcionarios de primer nivel de la pasada administración que encabezó Roberto Borge Angulo.
Las ilegalidades cometidas por la extitular del IPAE también apunta a predios vendidos en Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Bacalar, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, incluso terrenos en la Zona Maya, situación que ha generado malestar en diversos sectores de la población, quienes piden se aplique todo el peso de la ley en contra de esta exfuncionaria de la pasada administración gubernamental.
Cabe mencionar, que la información recabada, señala que Claudia Romanillos Villanueva, fue amiga sentimental de Roberto Borge Angulo, exgobernador del Estado, quien le permitía hacer y deshacer lo que quisiera con la venta y renta de predios que le pertenecía al Gobierno del Estado, los cuales gozaban con una alta plusvalía económica, que fueron adquiridos por familiares y amigos de la pasada administración a precios por muy debajo de su valor catastral.
