Va EU por el ‘narcogober’ Rocha Moya
Fiscalía de NY acusa al mandatario sinaloense de delitos de narcotráfico.
ESTADOS UNIDOS
Por Redacción
El Departamento de Justicia de Estados acusó formalmente de narcotráfico y de colusión con el Cártel de Sinaloa al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y al senador del mismo partido, Enrique Inzunza Cázarez y a otras ocho personas.
Ante la Corte Federal del Distrito Sur en Nueva York, los fiscales del Departamento de Justicia develaron un encausamiento contra Rocha Moya, el senador y los otros ocho políticos mexicanos, con delitos que de los que si son declarados culpables por un jurado en un juicio serían sentenciados a cadena perpetua como castigo máximo o 40 años de cárcel como mínimo.
Roya Mocha forma parte del misterio sobre la llegada a Estados Unidos en julio de 2024, de Ismael “El Mayo” Zambada García, capo de capos del Cártel de Sinaloa, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
“Este encausamiento expone un esfuerzo deliberado de socavar a las instituciones públicas y de poner en riesgo la vida de estadunidenses. Los acusados presuntamente usaron su posición de confianza para proteger operaciones del Cártel, habilitando el flujo de drogas letales a nuestro país”, indicó Terrance Cole, el administrador de la DEA por medio de una declaración por escrito.
Específicamente, al gobernador Rocha Moya y al senador de Morena, el Departamento de Justicia los acusa de tres delitos federales: Conspiración para traficar narcóticos a Estados Unidos, posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos y, conspiración para poseer armas automáticas y dispositivos destructivos.
Los otros acusados en el encausamiento desvelado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York son: Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra. Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”), Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millán (“Juanito”).
La acusación formal llega menos de un año después de que Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, decidiera declararse culpable tras pasar dos años en la prisión de Illinois, en Chicago.
El pequeño de los Guzmán fue el primero de la familia en pactar con el Gobierno estadounidense a cambio de información, y le siguió de cerca su hermano mayor, Joaquín Guzmán López, también miembro de “Los Chapitos”.
Un mes después, el líder de la facción rival del grupo, Ismael El Mayo Zambada, también aceptó declararse culpable para eludir la pena de muerte.
“La organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente”, dijo en su confesión, que sirvió de arquetipo para la investigación de la DEA.
AMLO lo defendió a capa y espada
En agosto de 2024, unos meses después de la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, éste habría declarado que se habría reunido con Rocha Moya.
Ante estas declaraciones y luego de que el propio mandatario estatal desmintiera dicha acusación, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo defendió y lo felicitó por afrontar dicho señalamiento, reiterando su confianza.
“Nosotros le tenemos toda la confianza al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y lo felicito porque da la cara no dejó pasar ni un día”, indicó en su momento.
Tras recibir el espaldarazo de AMLO, Rubén Rocha Moya negó los señalamientos hechos por Zambada García, quien lo involucró directamente con el Cártel de Sinaloa.
Confirma SRE solicitud de extradición
CIUDAD DE MÉXICO
Por Redacción
Tras darse a conocer la noticia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas, incluida la de Rubén Rocha por parte del Gobierno de Donald Trump.
A través de un comunicado, la dependencia mexicana explicó que el pasado 28 de abril a las 18:00 horas se recibieron formalmente las solicitudes; sin embargo, según el análisis jurídico realizado conforme al Tratado de Extradición bilateral, “los documentos enviados no contienen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de las personas cuya detención provisional se solicita con fines de extradición”.
No obstante, la Secretaría señaló que se turnó la información recibida a la FGR) para que evalúe el estado de las solicitudes conforme a la legislación mexicana.
La SRE apuntó que en los tratados vigentes existen «provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información», por lo que se enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer el caso.
