Tienen taxistas dos infiltrados en el gobierno; Erika Castillo y su primo Manuel Puerto Castillo son juez y parte del conflicto con Uber
Por Soraya Huitrón
El Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” logró infiltrar en el gobierno estatal a dos de sus integrantes más polémicos para tratar de cerrarle las puertas a Uber en la entidad.
Se trata de Erika Guadalupe Castillo Acosta y Manuel Jesús Puerto Castillo, hija y sobrino del ex líder del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” en Cancún, quienes ocupan los cargos de directora de Gobierno de Quintana Roo y delegado del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), respectivamente, ambos miembro activos de dicho gremio.
Erika Guadalupe Castillo Acosta fue recientemente nombrada directora de Gobierno de Quintana Roo, es hija del ex líder de taxistas, y ha promovido acciones en contra de la operación de Uber en Cancún.
Con el nombramiento de Erika Castillo Acosta el 12 de enero pasado, se convierte en una de las funcionarias de la primera línea; sin embargo, no fue de total agrado de la mayoría de los funcionarios, debido a sus acciones y declaraciones que han dejado mucho que desear.
En 2019, Erika Castillo llegó al Congreso local como diputada por Morena, cargo en el que promovió una “reforma” a la Ley de Movilidad que permite a los Ayuntamientos realizar operativos en contra de los socios conductores de Uber.
La propuesta, que finalmente no pasó, fue polémica en tanto que para esas fechas el Poder Judicial ya había amparado provisionalmente a Uber para que no fuera considerado como transporte público y, por tanto, los socios conductores no necesitaran de concesiones.
“Lo que quería Erika Castillo era mandar operativos para cazar ubers y así castigar su operación, que estaba amparada por el Poder Judicial. Era un absurdo”, comentó Carlos Calzado, conductor de Uber, quien se ha mantenido activo en los últimos años en la defensa para que la plataforma digital pueda operar en la entidad.
El referido amparo, con número de identificación 334/2019, fue tramitado por Uber, sobre el cual recientemente el 11 de enero pasado los magistrados resolvieron en favor de la plataforma digital, lo cual abre la puerta a su regulación como servicio de transporte privado y no público, como se había considerado en la Ley de Movilidad de 2018.
A lo que la ex diputada local consideró que la operación de Uber en el estado aún no es permitida, pues señaló que el dictamen emitido por el Poder Judicial de la Federación sólo acepta la entrada de este servicio privado, pero no faculta a sus choferes para trabajar “sin un marco regulatorio”.
Por su parte, Raúl Cázares, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, aseguró que nombramientos como estos son ejemplos de que no se eligen a los perfiles idóneos, sino por otro tipo de nexos.
“Es algo que estamos intentando combatir desde el CPC, con el impulso a una Ley del Dervicio Profesional de Carrera, para que no pase eso”, dijo Cázares.
Cabe destacar que Erika Castillo tiene en su haber un patrimonio de varias propiedades tan solo en Cancún, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad.
Sin embargo, la mayoría de sus ingresos -según fuentes del sindicato- provienen del manejo de concesiones de taxis y de las cuotas sindicales, quienes confirmaron que Erika Castillo mantiene por lo menos a dos docenas de taxis, además de participación en dos asociaciones de taxistas.
