Solapa edil a ecocidas
Por Redacción > Quequi
A pesar de que miembros del Cabildo han solicitado ser parte del comité del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), como el síndico Juan Carlos Beristain, para poder tener voz y voto y no permitir la reclasificación de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA), la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, soltó un no tajante, recalcando que no les compete, lo que deja entrever la intentona de permitirle a Calica seguir desarrollando la actividad minera en Solidaridad.
La empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) aboga desde hace años por una modificación en el POEL para poder explotar dos predios de grandes dimensiones, lo que ambientalistas y empresarios han destacado causaría una enorme devastación ecológica. Extrañamente, la presidenta municipal ha minimizado el rol del municipio en la materia, e incluso adelantó que la razón le asistiría a esta minera.
Lo anterior ha sido respaldado por el regidor presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Gustavo Maldonado Saldaña, quien también ha deslindado al Cabildo de la responsabilidad de permitir que se lleven a cabo los cambios de uso de suelo, argumentando que estas autorizaciones dependerán más de las dependencias del gobierno y minimizando la participación de las áreas del Ayuntamiento, como la Dirección de Turismo y Medio Ambiente.
Este regidor, anteriormente advirtió que a Calica posiblemente le asiste la razón jurídica en querer cambiar de conservación a explotación minera los dos predios que posee, con lo que sabotea de antemano los esfuerzos de organizaciones civiles por proteger el medio ambiente.
La presidenta municipal, por su parte, desestimó los exhortos que ha hecho el Congreso del Estado para no permitir esta reclasificación, que resultaría en un ecocidio.
“Mi postura personal es esperar los dictámenes”, se limitó a contestar.
A pregunta expresa sobre si a Calica le asiste la razón al querer modificar el POEL, la alcaldesa respondió: desde el punto de vista del derecho, técnicamente sí, porque reclasificar de una UGA a otra debió seguir un proceso… Toda afectación generada de un permiso federal, no puede ser cambiada por una cuestión administrativa…. Tiene que aportar pruebas para hacerlo”, insinuó.
Es importante mencionar que especialistas de la UNAM han señalado que en Quintana Roo, uno de los principales conflictos ambientales es la incompatibilidad de la industria minera en la geografía local, esto por la fragilidad de los ecosistemas.
