Siguen sin acuerdo por el hotel Haven; representantes del propietario del predio afirman que no se han acercado los operadores del resort para dialogar
Por Blanca Silva
Tras el aseguramiento de las instalaciones del hotel Haven Riviera Maya por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), representantes del propietario del predio afirman que no se han acercado los operadores del resort para buscar un acuerdo, por lo que desconocen el destino del inmueble y la actividad turística que desarrolla.
En conferencia de prensa virtual, la vocera del predio, Ana Francisca Velasco Sodi, dejó entrever que la construcción del hotel obedecería a una invasión por parte de un grupo empresarial, pues hasta ahora no han presentado en los juzgados el título de propiedad que ampare la posesión y evidencie una doble titulación.
Sin embargo, dejó claro que su objetivo es buscar solucionar la problemática, pero hasta ahora los propietarios del hotel no se han acercado a ellos, luego de que la empresa Promotora Rancho San Miguel incluso llevó al caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aseveró que no se trata de un hecho aislado o un capítulo novedoso, sino una larga historia que ha favorecido al propietario original, por lo que se busca ver cómo se repara la situación, porque aunque tengan la razón jurídica no se tiene la posesión, lo cual dio las condiciones para que el consorcio español Hipotels construyera y operara el hotel en una propiedad ajena.
Recordó que el predio de 163 hectáreas fue adquirido en 1998 a la entonces Secretaría de la Reforma Agraria por tratarse de terrenos de origen nacional, para lo cual los particulares debían seguir un procedimiento complejo de titulación de bienes nacionales, que fue seguido por el original y legal propietario del predio.
Tras reconocer que se trató de un título de propiedad controvertido, que llevó al propietario original y único a seguir una serie de juicios, que se ventilaron más de 15 años, que abarcaron cuatro procedimientos tramitados en todas sus instancias, como el Tribunal Agrario, los Tribunales Administrativos del Poder Judicial Federal e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Apuntó que todas las sentencias y resoluciones dictadas dentro de esos procedimientos fueron consistentes en tres puntos fundamentales: que el procedimiento de titulación de bienes nacionales que se siguió ante la Secretaría de la Reforma Agraria había cumplido con todas las formalidades y se había desarrollado con estricto apego a la ley.
También se determinó que el título de propiedad que ampara las 163 hectáreas del predio conocido como Laguna Sur, era plenamente válido y el único propietario era a quien la Secretaría de la Reforma Agraria le vendió en 1998, además de declarar la nulidad de las escrituras que creían tener derecho sobre eso, por lo que desde el punto de vista judicial está clara la situación, pues el propietario siempre ha acudido a los tribunales.
