Sigue el jaloneo por la exención a casinos
Por Blanca Silva Quequi
El sector empresarial de Quintana Roo alzó la voz para solicitar al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, que no se aplique el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos para el año fiscal 2020, que exenta del impuesto a las erogaciones en juegos y concursos a quienes instalen casinos en las zonas turísticas de Quintana Roo, cuyas inversiones superen los 40 millones de pesos, aprobado por la XVI Legislatura.
Además, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo advirtió que a los legisladores se les paso incluir en la nueva Ley de Hacienda del estado de Quintana Roo los impuestos por las erogaciones en juegos y concursos, cuyo monto estimado es de más de 89 millones de pesos, por lo que el estado no tendrá materia legal para ejercer el cobro de dicho impuesto a los casinos ya establecidos.
A través de un desplegado dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el mandatario estatal, 35 organismos empresariales y colegios de profesionistas denuncian que la iniciativa aprobada va en contra de la nueva política fiscal de la Federación de no otorgar privilegios a sectores que no representan una aportación a la productividad y afectan la salud, además del retiro de exenciones y condonaciones de impuestos y derechos.
Además, cuestionan sí los legisladores analizaron las implicaciones reconocidas como asociadas a la proliferación de casinos respecto a la inducción de conductas antisociales y dañinas para el desarrollo de la personalidad de los usuarios, así como los efectos ineludibles que conlleva la promoción del juego, como ludopatía, evasión fiscal, trata de personas y desintegración familiar, entre otras.
Asimismo, preguntan qué sectores de la sociedad en particular piden que haya más casino, así como los partidos políticos, autoridades y personas que están impulsando la disposición y cuáles son sus motivaciones e intereses, además de quiénes pagarán las consecuencias económicas, sociales, de seguridad y salud pública que derivan de la aprobación de dicha disposición.
Tras cuestionar por qué no se tomaron en cuenta las conclusiones y estudios reconocidos a nivel nacional e internacional, que advierten los efectos nocivos del juego para las familias y la sociedad en su conjunto, solicitan al Ejecutivo estatal no aplicar el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos para el año fiscal 2020.
Lo anterior debido a que tampoco estaba contemplada en la Iniciativa de Ley de Ingresos que envío el Ejecutivo estatal al Congreso del Estado, sino que fue incluida de última hora en la sesión número 24 del 26 de noviembre por los diputados de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, lo cual fue calificado como un desacierto por el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, ya que afectará a la industria turística por el concepto de los negocios que se están visualizando para el estado.
