Sector empresarial y propietarios de viviendas de Cancún rechazan propuesta de reforma

Cancún, 15 de abril (Infoqroo).- Representantes del sector empresarial y propietarios de viviendas de Cancún, expresaron su preocupación y desacuerdo con la propuesta de reforma al Artículo 1003 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo que busca incrementar de dos a tres el número de mensualidades impagas requeridas para proceder con una demanda de desocupación.

En conferencia de prensa, la presidenta del Centro Empresarial de Quintana Roo, Angélica Frías González, señaló que esta reforma aunque aparenta ofrecer mayor protección a los arrendatarios, en realidad propicia un entorno que favorece el incumplimiento y perjudica de manera injustificada los derechos de los propietarios.

“Los procesos judiciales de desahucio por naturaleza ya son procedimientos largos y complejos que, bajo la legislación actual, brindan amplias oportunidades para que los inquilinos regularicen su situación. El Artículo 1004 Bis es claro al establecer que si durante el plazo para el desahucio, el inquilino paga la totalidad de las rentas debidas, el proceso de lanzamiento se da por terminado sin condenación en costas. Sin embargo, si este pago se realiza fuera del término señalado, el inquilino será condenado al pago de las costas generadas”, explicó,

También refirió que permitir un plazo extendido de tres meses para el incumplimiento de pago no hace más que exacerbar los problemas existentes, alentando a los inquilinos a prolongar la ocupación sin cumplir con sus obligaciones financieras y haciendo más oneroso y dilatado el proceso de recuperación de la propiedad para el arrendador.

“Esta situación resulta en un riesgo económico y legal significativo para los propietarios, quienes se verían forzados a soportar períodos más largos de incumplimiento de rentas y los costos asociados a procedimientos legales extendidos”, advirtió.

Además, precisó, “tal reforma podría tener consecuencias no intencionadas como la disminución de la oferta de viviendas en alquiler, ya que los propietarios podrían ser más cautelosos a la hora de arrendar sus propiedades o aumentar el costo de las rentas para compensar el riesgo adicional.

“Todo esto, a su vez, podría afectar negativamente el mercado inmobiliario y la economía local”, advirtió.

“Por las razones expuestas, instamos a los miembros de la Legislatura a considerar cuidadosamente las repercusiones de esta reforma y a buscar un equilibrio más justo que proteja los derechos e intereses de todas las partes involucradas”, concluyó.