Se rehúsa Beristain acatar al Tribunal Superior de Justicia
Rafael Santiago
Desde muy temprano, adelantándose a las maniobras del Ayuntamiento de Solidaridad, el representante legal de la empresa “Cooperativa de Servicios y Comercios Recolectores de Desechos Sólidos y Líquidos” (Redesol), Ermilo Alonso Solís Sánchez, reiteró por escrito entregado a las 9:30 de la mañana en la Secretaría General, en la que explica que está a la espera de que se cumpla lo ordenado por la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que “se le reinstale para su reanudación de servicio y a que se deje sin efecto cualquier contrato o compromiso adquirido respecto a la recolección y traslado de residuos.”
La posición de Redesol no ha cambiado, y en el oficio de ayer, anexa otro con fecha del 26 de agosto, que oportunamente se le hizo llegar a Alfredo Miguel Paz Cetina, como titular de la Secretaría General, donde explica a detalle lo que se requiere para su reinstalación, y que no es otra cosa, que dar cabal cumplimiento, se informe al TSJ, para no caer en los juegos legaloides, las trampas y enredos a los que el municipio encabezado por Laura Beristain Navarrete está acostumbrado a hacer. Y como ejemplo de ello está el hecho de que se dictó sentencia desde el 9 de enero y nada se ha hecho hasta la fecha. El desafío a las autoridades judiciales continúa a pesar de que estuvieron a punto de ser destituidos por desacato.
Hay que recordar que el resolutivo de enero de este año, “condena a la autoridad demandada (Ayuntamiento de Solidaridad), a la reanudación del contrato de concesión”. Según la determinación judicial desde inicios de este año debería estar Laura Beristan pagando a Redesol por la recolección de basura. Sin embargo lo que hizo, en contra del mismo resolutivo del TSJ, fue realizar un megacontrato de asignación directa AD/061/2019, por un monto de 271 millones de pesos con la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (Pasa) y otras que bien pueden ser prestanombres de las autoridades que conforman un grupo VTM del Golfo, SAPI y SOFON. Todo esto con la complicidad de Marciano Peñaloza Agama, René Medrano, el síndico Omar Hazel Sánchez Cutis, el regidor Elio Lara Morales, compañero de la hermana de la edil, Luz María, sin dejar de lado a Juan Carlos, su hermano acusado de pederasta.
Además, se tiene que cumplir con otro resolutivo de la Sala Constitucional y Administrativa, que ordena el 27 de mayo que “al cumplir la sentencia definitiva, las autoridades demandadas deben ineludiblemente actualizar el monto a pagarle a la parte actora, conforme a lo previsto… en las cláusulas del contrato de concesión a reanudar.” Y tampoco esto se ha cumplido ni negociado, aunque ha trascendido que se tiene que pagar 28 millones de pesos por los nueve meses que se le ha impedido operar, es decir unos tres millones de pesos mensuales, mucho menos de lo que le paga a Pasa y asociados municipales que son ocho millones de pesos mensuales por el arrendamiento de 27 vehículos. Y esto demuestra que lo que no suena lógico suena metálico.
La mayoría de los regidores han jugado un papel de comparsa y complicidad. En audios filtrados por ellos mismos, mientras realizaban reuniones secretas en el hotel Hyatt para repartirse el botín, reconocieron favores que se otorgan y en la más reciente Sesión de Cabildo, realizada el viernes 30 de agosto, dos de ellos, Orlando Muñoz Gómez y Gustavo García Utrera, se retiraron antes de la votación y endosaron su voto para que lo pusieran donde conviniera a la edil (esto es algo prohibido pero lo hacen con total cinismo). Así que este cuerpo colegiado se puede prestar a cualquier trampa o beneficio que le quieran hacer a proveedores.
Paz Cetina envió un escrito que fue entregado el dos de septiembre al apoderado legal de Redesol, para que ayer a las 10:30 se reintegrara a sus actividades, pero ante todo este panorama, lo que quieren es que se dé cabal cumplimento, se informe al TSJ y con ello se puedan reiniciar los trabajos. Hay que recordar también que fue este apego a la legalidad lo que destapó toda la cloaca del “basuragate”, ya que la empresa exigió que no fuera el director de Asuntos Jurídicos, René Medrano (ahora sustituido por José Ángel Durán Desiga), sino todo el Cabildo el que aprobara y firmara para darle legalidad al asunto.
Por esto fue que se ventiló a los regidores todo un fraude del que ni siquiera se les había informado, y fue hasta que el TSJ estuvo a punto de desconocer al Ayuntamiento, que les explicaron todo el fraude y les pidieron el voto a cambio de generosos apoyos económicos. Incluso esto costó la cabeza de Medrano, aunque rápidamente la presidenta lo adoptó como asesor especial, para que no siguieran saliendo al público más fraudes de un gobierno que se ostenta como parte de la Cuarta Transformación, y que supuestamente no traiciona, no roba y no miente.
Por ahora Redesol espera que por lo menos se cumpla con los mandatos del TSJ: se pague desde la fecha que lo ordenó, que se dé de baja a Pasa o a cualquier otra empresa que se haya contratado y que actualicen los precios de sus actividades de recolección. Por lo pronto hay más de 600 toneladas de basura con la que hacen negocio el grupo Beristain. Y esto sin contar que Pasa también tiene el control de los basureros donde se reparten otro dineral al alterar las toneladas de los desechos recogidos y el precio que se autopagan por cada una de las mismas.
