Se les cae el teatro a las invasores
“Abogadas” que vendieron papeles falsos en Villas del Arte, fueron desmentidas por uno de los dueños.
Tres de las “lideresas” de la frustrada invasión a las casas de Villas del Arte, quienes son acusadas de haber cobrado entre ocho y 20 mil pesos a familias para que se metieran a estos domicilios a la fuerza con documentos apócrifos, se ostentaron como “abogadas” y “asesoras” de los expulsados ocupantes en una conferencia de prensa en que acusaron de abusos, pero donde fueron desmentidas por un propietario del lugar.
El fraccionamiento se encuentra envuelto en diversos problemas jurídicos desde hace años, ya que la constructora no terminó de edificarlo, pero las casas, aunque inhabitables, tienen dueños.
El embargo y abandono del lugar fue aprovechada por las supuestas “abogadas”, que anunciaron estos domicilios en la zona de “El Crucero” y vendieron documentos ficticios que los acreditarían como posesionarios.
El dueño de una de las casas, la número 157, fue testigo como el grupo de personas violó cerraduras de puertas y rompió candados para ingresar. Aquellos propietarios o vecinos que salieron a reclamar y tratar de resguardar sus viviendas fueron amenazados con machetes.
Los dueños procedieron a interponer denuncias, lo que derivó, 15 días después, en el desalojo de estas personas por Seguridad Pública, sin la detención de nadie, salvo por quienes regresaron y nuevamente intentaron ingresar a la fuerza.
CUESTIONAN DESALOJO
En este contexto, Mónica Araceli Sánchez Moreno, Claudia Rocío Cocom Trujillo y Amanda Karina Cocom, artífices de esta estrategia, salieron a declarar ante la prensa que ellas se habían dedicado a “asesorar” a los ocupantes desalojados y que por ello, fueron detenidas de forma “arbitraria” por las autoridades municipales.
Las defensoras de los presuntos invasores indicaron que en el desalojo la policía no actuó de forma legal, ya que no había orden de un juez de por medio. Esto fue desmentido por el afectado, Ricardo Romero, quien acudió a la conferencia de prensa en defensa de su patrimonio, y que señaló que fueron los mismos dueños de las casas ocupadas, quienes solicitaron la intervención policíaca.
“Pese a haberse efectuado el desalojo de las personas que entre 45 y 15 días mantenían ocupadas estas casas, cuyas condiciones son de inhabitabilidad, existe la posibilidad latente que nuevamente personas ajenas traten de meterse, ya que no podemos usarlas, por estar en litigio, al no coincidir la razón social inscrita ante el Registro Público de la Propiedad con la firma que recibía los pagos de mensualidades”, explicó el propietario, quien perdió 280 mil pesos, mismos que trata de recuperar por la vía legal.
Fotos: Raimon Rosado > Quequi
