Saquean el erario de Quintana Roo
CHETUMAL
Por Redacción > Quequi
El Congreso del Estado de Quintana Roo pasó de tener un presupuesto de 340 millones de pesos en 2016, a 435 millones este año, un incremento de casi un 30%, absolutamente injustificado, que solamente ha servido para que los diputados, empezando con Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, favorezcan a familiares y a panistas, además de servirse ellos mismos con la “cuchara grande” en cuanto a servicios personales.
En el arranque de la XV Legislatura, el nuevo presidente de la Gran Comisión, Lorenzo Martínez Arcila, se dijo sorprendido del gran número de “aviadores” que existían en el Poder Legislativo, pues contaban con una nómina de casi 500 personas, lo que dijo que era “improbable, imposible”; no obstante, en la actualidad, cuentan con 437 personas en nómina, además de 63 personas cobrando por honorarios.
Es decir, dejaron igual de abultada la nómina, pese a su discurso de “austeridad” que en realidad era una excusa para correr gente y abrir plazas para sus incondicionales.
Este año, el Congreso del Estado tiene planeado gastar 264 millones de pesos en personal, de los cuales solo 70 millones son para su personal de plaza; gran parte de lo demás va para “estímulos”, “remuneraciones adicionales” y otros rubros opacos que gastarán a su antojo.
Es de destacar que una porción de la estructura partidista de Acción Nacional ha sido “enchufada” a la nómina del Poder Legislativo, pues son varios los militantes, muchos de ellos operadores electorales, los que han sido beneficiados con jugosos puestos como “secretarios técnicos”, “asesores” “auxiliares” u otros.
Allí se encuentra Cinthya Yamilie Millán Estrella, quien fungió como representante legal de la coalición PAN-PRD en las pasadas elecciones, y ahora ocupa la dirección de la Secretaría Técnica de la Gran Comisión del Congreso del Estado, con un sueldo mensual neto de 25 mil 231 pesos.
Otro de los beneficiados con la repartición de estos nuevos cargos, es el panista Enrique Edgardo Martínez Muñoz, quien es “asesor” en la presidencia, con una percepción mensual neta de 21 mil 332 pesos.
Con idéntico ingreso están los panistas Wendy Anahi Mejía Flores, Javier Jiménez Corzo y Oscar Eduardo Bernal Avalos se desempeñan como “asesores” de la Presidencia del Congreso del Estado.
El diputado Ramos Hernández es quien de alguna manera a beneficiado más a sus familiares pues obsequió a su hermana Sandra Ramos Hernández el puesto de jefa de departamento de la Dirección de Archivo General y Biblioteca, con un sueldo de 21 mil 332 pesos al mes. También ubicó a su pariente Alzayácatl Salvador Ramos, quien cobra como asesor del Congreso del Estado, pero sin presentarse a trabajar.
Otro de los beneficiados es el dirigente del Panal en Quintana Roo, Armando Miguel Palomo Gómez, quien cobra mensualmente 15 mil 772 pesos netos como “jefe de unidad” en el área de Apoyo y Asistencia Legislativa.
Estos son sólo algunos de los familiares, amigos y recomendados que han sido beneficiados por los diputados que representan a la Gran Comisión del Congreso del Estado, quienes contando con el respaldo del resto de la XV Legislatura, han creado costosas oficinas de “enlace legislativo” en la ciudad de Cancún, de la cual se desprenden varios cargos con sueldos que van desde los 10 mil hasta los más de 25 mil pesos mensuales, y que son ocupados por gente cercana y recomendada de los diputados.
Estos sueldos que entregan tan libremente, además de su remuneración, se añade adicionalmente percepciones en efectivo, que suman hasta 13 mil pesos adicionales a su ya abultado salario, además de un “estímulo” de 500 pesos y “otras percepciones” por igual monto.
Las 63 personas que cobran por honorarios (los famosos “asesores”) cuentan con ingresos quincenales que van desde los dos mil pesos (dos personas) hasta los 25 mil pesos (siete personas), casi lo mismo que un diputado. Se trata de un gasto de 1.2 millones de pesos mensuales, en estos supuestos “asesores” que en realidad son la mayoría de las veces aviadores, tal como este medio detallara en su momento.
Aquí destaca, por su nepotismo, Silvia Vázquez Pech, de Morena aunque en proceso de expulsión, quien colocó a su hermano como asesor, además de otras dos personas con apellido Vázquez y otra más de apellido Pech. También incluyó al ex abogado de la regidora Nadia Santillán, Fabian Villafáñez Motolinia.
La diputada perredista Laura Beristain Navarrete también incurre en esta práctica, pues colocó en esta lista a su pareja sentimental, Karla Robles Miranda, con salario de 32 mil pesos mensuales, además de su abogado y hasta la suegra de su abogado, quienes puntualmente le entregan sus sobres para que los “rasure”.
DESENFRENO
El cuantioso presupuesto de la XV Legislatura, incrementado sin justificación alguna, pues sus funciones siguen siendo las mismas de antes, está completamente sin etiquetar; es decir, pueden gastarlo de forma que mejor les convenga. En tan sólo tres meses, ya han pagado más de 95 millones de pesos.
Este monto incluye no sólo 47 millones de pesos en salarios, sino otros 22 millones en “servicios” que incluyen, como hemos dicho anteriormente, desayunos a la cama, arrendamiento de casas y oficinas para los diputados y 2.3 millones de pesos en viáticos.
También incluye un rubro que hasta ahora se maneja en la absoluta opacidad, las “ayudas sociales”, con un presupuesto de 42 millones de pesos, de los que ya se han gastado casi 19 millones (o seis millones de pesos mensuales). Esta es una función que no le compete al Poder Legislativo (los diputados legislan, no distribuyen dinero), pero que se mantiene y defiende por servir para fines electorales o para desvíos.
La repartición de este dinero, quiénes fueron beneficiados y por qué, qué parámetros se usaron o con qué objetivos, permanecen un misterio. En la propia página de Transparencia del Congreso, al querer acceder a esta información se indica que “En razón de que el Poder Legislativo por su propia naturaleza y derivado del mandato constitucional que señalan los Artículos 71 Fracción III y 116 de la Constitución Federal, así como el Articulo 75 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se informa que no maneja programas de subsidios, estímulos y apoyos derivados de programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, por lo que no han sido originados datos concernientes a esta fracción en la fecha que se informa.”
Entonces se admite que existe un desempeño irregular de la función (delito muy de moda ahora) o se incumple con la ley al negarse, con argumentos falsos, a trasparentar este rubro.
Incluso al querer realizar estos “ejercicios de transparencia”, el Congreso, que tan sólo cumple con lo que exige la ley, no puede evitar caer en la opacidad y en el cuestionable manejo de recursos.
