Reclaman su patrimonio
Por Héctor Bello Guadarrama > Quequi
Luego de instalar un campamento a las afueras de la plaza comercial donde elementos de SEIDO están abriendo cajas de seguridad y sacando valores de usuarios que contrataron el resguardo de pertenencias en el «First National Security», ciudadanos afectados cuestionan el por qué la PGR no usó servicios de un notario para dar fe de la apertura de las bóvedas, pues tal pareciera que están todas bajo investigación. Y temen y desconfían de poder recuperar sus pertenencias, ante la voracidad de funcionarios a cargo de realizar las diligencias, indicó David Uribe, uno de los usuarios.
Luego de insistir en que la empresa no avisó de la intervención en las bóvedas, y ahora temen que todo aquello que sacaron no pueden demostrar legítima procedencia, ya que en algunos casos son joyas que fueron heredadas, y algunos bienes tienen años de haber sido adquiridos y por lo tanto muchos ya no cuentan con documentación que les acredite la pertenencia.
Aunque sabe que muchas personas que acudieron a promover un amparo y evitar que se llevaran sus pertenencias de valor, en ninguno de los casos se dio por aceptado, debido a la escasa información con la que se cuenta, que no fue suficiente para que la autoridad lo aceptara.
La falta de certeza legal para recuperar sus pertenencias es parte de lo que enfrentan afectados del «First National Security» en Cancún, pues aun cuando los agentes de la SEIDO están rompiendo cerraduras de cajas, no han solicitado la presencia de notarios y han mantenido hermetismo para que los usuarios no logren promover en forma efectiva amparos.
David Uribe reconoció que en su caso tiene documentos que para él son importantes, como son las facturas de sus vehículos y escrituras de propiedades, entre otros documentos que demostrarían una legítima propiedad que ahora habrá de poner a prueba para demostrarlas ante las autoridades de la PGR, cuando el no es investigado por ninguna instancia.
Sin encontrar alguna justificación del porqué de la actuación de las autoridades, que calificó de arbitraria, refirió que al momento continúan desconociendo los motivos por los cuales se está violando su privacidad, sin siquiera haber sido notificados de ser objeto de investigación, pues serían otras personas las cuales son las que deberían serlo y no todos los clientes, al tener algunos de ellos unos 10 años rentándoles el servicio.
